INDUSTRIA Y NEGOCIOS
Profesional, servidor público, visionario, amante de la libertad en todas sus dimensiones y, sobre todo, sueña con una mejor Guatemala. Son las principales características del industrial Víctor Manuel Suárez Valdés, quien lamenta que en el país aún haya trabas a la inversión privada y se protejan monopolios estatales. Recapitula los beneficios que ha traído al país la apertura a la inversión privada en áreas claves como la telefonía, electricidad y la liberalización del mercado cambiario, entre otras. Estos resultados, explica, confirman que son la mejor vía para impulsar el desarrollo.
¿Por qué la libertad, en todos sus ámbitos, es clave para el desarrollo de un país?
El estado correcto de una persona se basa en su libertad, económica, de culto, de expresión, etcétera. Se habla de una serie de libertades que no siempre las aplicamos y no siempre las queremos reconocer, tanto económicas como sociales. Explico algunos ejemplos que han impulsado el empleo, el desarrollo e inversión: En la parte económica, allá por 1983, se impuso en Guatemala, después de muchos años de libertad cambiaria, el control de cambios. Las personas y empresas tenían que pedir autorización al Banco de Guatemala (Banguat) para comprar dólares. Y, obviamente, como no se daba abasto para atender todas las necesidades, delegaba a bancos del sistema y casas de cambio, realizar estas operaciones.
¿Qué implicaciones tenía esa rigidez?
Fue un obstáculo para las actividades económicas. Hubo actividades productivas de muchas comunidades que quebraron por culpa del control de cambios. Este fue el caso de pequeños empresarios chicleros de Petén. En ese entonces, la ley los obligaba a vender sus divisas que obtenían de las exportaciones al Fydep (Fomento y Desarrollo de Petén) y luego esta institución, las vendía al banco central. Tenían que vender los dólares a una tasa de Q1 por US$1, cuando en la calle se cotizaba a Q1.50 y Q1.70. Perdían el 70 por ciento. Como resultado, quebraron. Pero este solo es un ejemplo; hubo más empresas que tuvieron que cerrar.
¿Qué vino después?
En 1989, luego de las gestiones del sector privado, se logró que se liberara la negociación de divisas. Inmediatamente Guatemala tuvo superávit de reservas monetarias. Y a partir de 1991, cuando se aplicó plenamente la liberación, terminamos con una balanza cambiaria positiva y con un saldo también positivo de reservas internacionales, luego de arrastrar números negativos durante años. Todos los que se negaban (políticos, pro intervencionistas, académicos retrógrados) a que Guatemala tuviera un mercado de divisas de libre convertibilidad, reconocieron que gracias a esa apertura, el país se recuperó rápidamente en el área comercial y productiva.
¿Ocurría lo mismo cuando el Banco de Guatemala fijaba las tasas de interés para préstamos?
Por muchos años Guatemala tuvo tasas controladas por la banca central. El Banguat dictaba los rangos y actividades a las que se podía otorgar créditos. Consecuencia de esos precios topes en las tasas de interés, hubo una permanente restricción del crédito al sector productivo, no solo en cantidad sino también en tiempo. La banca privada estaba llena de créditos a plazos de tres meses, seis meses y nueve meses; con algunas excepciones, a un año. Nuevamente, en los años de 1990 se tomó la decisión de dejar en libertad la fijación de las tasas de interés. A partir de ese momento se abrieron las carteras; los bancos empezaron a dar más préstamos y a plazos más largos. Antes, los únicos préstamos de largo plazo eran los hipotecarios, respaldados por el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA). Sin embargo, las tasas eran altas. Hoy, los créditos hipotecarios tienen las tasas más bajas del mercado, con lo que se han abierto muchas posibilidades de tener casa propia. Esa fue una de las tareas a las cuales el sector privado puso mucho empuje.
¿Lo mismo sucedió con la apertura del mercado de la telefonía?
Efectivamente. En 1994, Guatemala tenía una terrible deficiencia en comunicaciones telefónicas; éramos aproximadamente 11 millones de habitantes pero solo había 300 mil líneas. Eso era provocado porque la telefonía era un monopolio estatal de Guatel. Era un calvario conseguir una línea o trasladarla de un lugar a otro. En aquel tiempo ya operaba una compañía celular pero a pesar de tener cinco años, debido a que también era monopolio, los costos y tarifas eran altos; apenas había unas 15 mil personas que tenían teléfono celular.
¿Qué pasó con la apertura a más empresas y la venta de Guatel?
Entre 1996 y 1997, se hace una reforma que da apertura para que más empresas entren al mercado. En 2000 Guatemala tenía un mercado de competencia con cuatro compañías trasnacionales de primer orden. Hoy contamos con más teléfonos que habitantes; pasamos de una cobertura de tres líneas por cada 100 habitantes, a más de 18 millones, superando los 15 millones de habitantes que tiene el país. Es realmente grandioso ver cómo un campesino se levanta, toma su celular y se puede comunicar con los mercados para conocer los precios del tomate y así vender a mejor precio.Los resultados también los tenemos con la apertura a la generación eléctrica. En 1994 ocurrían apagones y racionamientos; solo un 30 por ciento de la población tenía electricidad. Todo porque el servicio lo prestaba el Estado por medio del Inde. Nuevamente el sector privado participó activamente para que, en 1996, se aprobara la Ley General de Electricidad. Como resultado, hoy, más del 90 por ciento de la población tiene energía eléctrica, sin que el Estado haya invertido un centavo. En este caso, otra vez los sectores recalcitrantes decían que no era posible; mentira. Únicamente era cuestión de dar libertad, de suprimir los monopolios.
Usted fue presidente del IGSS. ¿Pudo hacer algo similar?
Cuando asumí la presidencia del IGSS, en 1997, la institución estaba al borde de la bancarrota, con un déficit actuarial, con reservas del régimen previsional de Q35 mil millones. Y lo peor, con una presa de 15 mil procedimientos de cirugía que no se realizaban a los afiliados. Había adultos con problemas de cataratas, de próstata, etcétera, que necesitaban operaciones que sólo costaban Q1 mil 200, mujeres que por no tener atención adecuada, desarrollaban cáncer de matriz, de seno; el IGSS no se daba abasto. Al analizar esa presa, aprobamos la contratación de servicios privados, mediante procesos transparentes. En nueve meses habíamos atendido esos 15 mil casos acumulados y los afiliados empezaron a recobrar la confianza en el IGSS. Antes de 1997 se realizaban dos millones de procedimientos quirúrgicos y en el 2000 aumentó a cinco millones, utilizando este modelo. Y lo simpático fue que se hizo con el mismo presupuesto. Además, en tres años aumentamos las reservas del IGSS de Q2 mil 750 millones a Q4 mil 700 millones. De igual manera, había gente que decía que no se podía hacer, pero se hizo. Eso sí, con transparencia y honestidad. Pero ese sistema de trabajo se puede aplicar siempre que haya capacidad y buenos sistemas de control ciudadano y de parte de la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y de los tribunales de justicia para que, quien haga algo ilegal, sepa que irá a la cárcel.
Si este modelo se pudiera aplicar a otras actividades, ¿por qué considera que no ha funcionado la Ley de Alianzas Público Privadas?
Porque la burocracia no da su anuencia si no le dan su rodaja. Qué belleza de carretera podríamos tener a la par del río Motagua, que nos permitiera llegar en dos horas a Santo Tomás de Castilla. Igual, de Quetzaltenango a Huehuetenango. En fin, podríamos cruzar todo el país con carreteras de primer nivel mediante este modelo de alianzas público privadas, lo cual redundaría en bienestar y desarrollo para toda la población. Lo mismo puede hacerse dando más apertura a la inversión en minería y en petróleo, con un modelo de repartición de beneficios directo a las comunidades y a los trabajadores, y el Estado recaudaría más en impuestos; se acabaría la conflictividad social.
MÁS QUE EMPRESARIO, UN DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD
Víctor Manuel Suárez Valdés es ingeniero civil por la Universidad de San Carlos, con un posgrado en Administración de Empresas otorgado por la Universidad Francisco Marroquín. Es director general de Envases Layta, compañía con más de 50 años de haber sido fundada.
Durante el proceso de paz, integró la Comisión Empresarial para la Paz (Diálogos de Oslo), coordinó la Instancia Nacional de Consenso tras el autogolpe de Estado de 1993, se desempeñó como comisionado para la reestructuración del sector eléctrico y venta de la Empresa Eléctrica.
Fue integrante de la Junta directiva de la Empresa Eléctrica de Guatemala (1996-1998), presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (1997-2000). También fue miembro de la Junta Monetaria en representación del sector privado, entre 1986 y 1989, además de haber sido presidente de Cámara de Industria de Guatemala entre 1989 y 1991.