Asignan nuevas responsabilidades a distintas entidades gubernamentales, en especial al Ministerio de Ambiente.
Con la emisión del Decreto 7-2013, “Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero”, Guatemala logró un avance en el ordenamiento jurídico ambiental, al contar con un fundamento que le permite “establecer las regulaciones necesarias para prevenir, planificar y responder, de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida, a los impactos del cambio climático”.En aspectos de institucionalidad, la Ley crea un Consejo Nacional como ente regulador en la materia, en el cual estarán representantes del Organismo Ejecutivo, organizaciones indígenas y campesinas, asociaciones de municipalidades, alcaldes y entidades ambientalistas, universidades, así como de la iniciativa privada (CACIF, Cámara del Agro, Cámara de Industria de Guatemala).
Asimismo, conforma un Sistema Nacional de Información, con el fin de aglutinar todos los datos disponibles al respecto. Además, instaura un Fondo Nacional, con el objetivo de servir de fuente de financiamiento de proyectos vinculados a los fenómenos del clima.
No obstante, también asigna nuevas responsabilidades a distintas entidades gubernamentales, en especial al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en su calidad de rector sectorial; a la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, a efecto de integrar la variable climática en los procesos de organización de la inversión pública, entre otras instituciones.
Adicionalmente, se deben emitir, en un corto plazo, una serie de instrumentos como políticas, planes, programas y proyectos, entre otros, que abordarán temas tan diversos como el ordenamiento territorial, salud humana, agricultura, ganadería y seguridad alimentaria, recursos forestales, infraestructura, energía, transporte, etcétera.Otro aspecto de interés para la industria es la definición de actividades que generen certificados de carbono pueden tener acceso a los mercados correspondientes y a otros mecanismos de pago por servicios medioambientales, para lo cual se deberán inscribir en el registro respectivo que tendrá el MARN.
Con base en lo antes analizado, la Ley emitida puede ser una herramienta que coadyuve a alcanzar el desarrollo sostenible de Guatemala, toda vez que los distintos actores sociales, en especial el gremio industrial, aborden estratégicamente, con una visión ampliada y compartida, los retos que el calentamiento global conlleva.
