El problema está en la potestad y arbitrariedad del funcionario a la hora de asignar o manejar recursos públicos. Es ahí donde hay que poner énfasis.
Mucha tinta derramada –también demasiada saliva– para dilucidar si los funcionarios públicos deben declarar su patrimonio al llegar al poder y al dejar el mismo. Algunas preguntas en torno al tema surgen antes de tomar una postura al respecto. Una se refiere a si se trata únicamente de funcionarios electos. Otra, si esta premisa declaratoria es extensible a quienes manejan dinero público (contratistas del Estado) o es requisito únicamente para políticos electos. Una tercera, si la declaración debe ser pública o estar sujeta a una inspectoría o contraloría.
La casuística es tan extensa que solamente una solución uniforme sería capaz de responder a las preguntas que se puedan plantear y, consecuentemente, establecer una norma general. Cualquier persona tiene el derecho de salvaguardar su privacidad y, por tanto, no veo la necesidad de hacer pública la declaración de bienes de nadie. ¿Cómo entonces luchar contra la corrupción y promover transparencia? Al fin de cuentas, el objetivo es que el político o el funcionario no puedan hacer uso indebido de fondos públicos, mucho menos apropiárselos. El control no debe ni necesariamente tiene que pasar por comparar lo que tiene al entrar con lo que declare al salir, fácilmente manipulable por otra parte.
Más bien, el reto estaría en ser capaces de generar un sistema de normas que impidan (o dificulten sensiblemente) la posibilidad de robar o estafar recursos públicos. De ser así, cualquier ciudadano –si se quiere con mayor castigo el político– debe de responder del delito que cometió. La certeza jurídica del castigo es la acción correcta a llevar a cabo.
El derecho a la privacidad y a la propiedad privada no debe vulnerarse. Lo que hay que hacer es evitar que el político pueda manejar fondos públicos con discrecionalidad, adjudicar obras a capricho o repartir fondos a como dé lugar. Conocer el patrimonio de alguien a lo único que conduce es a modificar el modelo de chantaje, robo o cobro de comisiones y hacerlo de otra forma. El ciudadano debe prestar mucha más atención en cómo hacer las cosas para que el político no pueda llevar a cabo estas estafas porque los controles existentes (y los castigos correspondientes) le generarían un enorme costo de oportunidad.
Es muy posible que en las próximas semanas se genere un debate al respecto y se discuta algún proyecto legal que presentará una de esas bancadas que promueve “la trasparencia”. Al final del día es también muy probable que se apruebe la correspondiente ley de declaración de bienes o probidad, una vez se haga el oportuno maquillaje. Será, como ocurre con el resto de leyes, papel mojado inservible. En tanto en cuanto el ente investigador (Contraloría o MP) no haga su trabajo como corresponde y se promuevan capacidades de investigación (y voluntad real de persecución) que generen resultados probatorios, todo será inútil. Con ley, o sin ella, las cosas seguirán de igual forma. El problema está en la potestad y arbitrariedad del funcionario a la hora de asignar o manejar recursos públicos. Es ahí donde hay que poner énfasis.
Sacar el listado de obras del Congreso seguramente repercutiría en recuperar alrededor de un 30 por ciento de comisiones que es las que se pierden entre negociadores y pagos. Suprimir los gastos de la “caja chica” (fondo rotativo), serviría para recuperar algunos millones de quetzales y abonar un salario fijo al diputado, en lugar de pagarle por comisiones, presidencias, grupos a que pertenece y otras invenciones, reduciría la burocracia y supondría un considerable ahorro. Sin embargo nada de eso se discutirá en el marco legal que se pueda proponer porque saben que ahí está la solución. Nos distraerán con la discusión sobre hacer pública la declaración de bienes o quiénes deben hacerla. Al finalizar el debate habrá transcurrido un tiempo en el que se habrán hecho los correspondientes negocios por parte de un grupo de corruptos que tiene cooptado al Estado mientras los ciudadanos nos perdemos en la letra pequeña del problema.
