Temas concurrentes que dejan perplejos a muchos ciudadanos. El primero, la lucha –más encarnizada de lo normal– para aprobar una serie de bonos y préstamos que nos lleven al borde del precipicio económico, lo que parece ser el objetivo de cada político que llega al poder: como hundirnos más en el lodazal en que nos encontramos. Aquella cacareada reforma fiscal –o maquillaje como algunos denominaron– tronó cuando la CC comenzó a suspender artículos que eran manifiestamente ilegales.Más tarde, la reculada presidencial en relación con el incremento del pago del impuesto vehicular, marcó otro punto de inflexión. El caso es que el presupuesto desfinanciado que fue aprobado para este año requiere de una inyección desconocida y cifrada en Q4 mil millones, además de otra poquito menor (Q3 mil 500 millones) para pagar deudas flotantes contraídas hace tiempo por funcionarios del ministerio de Comunicaciones.Si todo aquel que posibilita una deuda como la que ahora se presenta no es sujeto responsable por no cumplir con las normas vigentes y si no hay una ley que impide contratar sin contar con el presupuesto adecuado, lo que ahora se haga no será más que parchear un problema que se viene observando desde hace tiempo: La irresponsabilidad, cuando no el robo descarado de miles de millones, sin exigencia de carga penal. Ahí queda la propuesta y la inquietud.El segundo tema se refiere a la “prohibición” que el Presidente ha hecho a sus ministros de acudir a las citaciones del Congreso. Dos puntos de vista al menos tienen nuevamente el asunto. Uno, es la pérdida de tiempo y dinero que supone el abuso de citaciones, utilizado como dizque estrategia política de desgate del Gobierno. Otro, el cumplimiento de la ley en relación a la fiscalización que el Congreso puede hacer de los funcionarios públicos.En medio de los dos, el artículo 168 de la Constitución, que indica que los ministros pueden hacerse representar por sus viceministros, no obligando, por tanto, a que la comparecencia sea personal sino que permite la delegación.Es por ello que no debería de haber existido “la orden” presidencial, más bien con una sugerencia hubiese sido suficiente para dejar de alimentar el nefasto sistema utilizado hasta el momento de citar a los ministros con el único propósito de evidenciar lo que no siempre existe y paralizar la labor ejecutiva.La tercera y última de las patas se refiere a la moratoria solicitada a la ley de minería. Si difícil era atraer inversiones –y por ende crear empleo y desarrollo– peor será hacerlo a partir de ahora. Con ello el mensaje que se envía en una dirección es de reducir la conflictividad y dar la razón a quienes promueven en muchos lugares del país este tipo de violencia extrema, pero, por el otro, enviar un mensaje de incertidumbre.¡Y, así estamos! Ello me trae al recuerdo cierta conversación en la que participó un candidato a Presidente y un ex Presidente (no todos nacionales). El que ya había estado en el poder, en un intercambio de opiniones, le preguntó al otro si tenía las ideas claras sobre lo que pretendía hacer caso de lograr el triunfo. No recuerdo la respuesta, seguramente porque el titubeo no dejó clara la misma y me atrajo la cuestión. El mensaje era muy simple, pero en ocasiones no siempre lo fácil se comprende a cabalidad. Cuando no se tienen las cosas claras y las ideas no se sostienen, se va dando tumbos de una a otra parte y se termina –como ahora es el caso– por crear desconfianza, endeudar al país, no solucionar los problemas dentro del marco legal y otras situaciones que nos conducen más rápidamente al precipicio del que todas las ofertas políticas dicen que quieren sacarnos.Albert Camus ilustra el ejemplo cuando dijo: “Los artistas piensan según las palabras y, los filósofos, según las ideas”, rematando el tema Werner Karl Heisenberg: “Las ideas no son responsables de lo que los hombres hacen de ellas”.