La explotación responsable de nuestros recursos naturales puede llevar a Guatemala a una posición privilegiada y competitiva en áreas claves para la inversión y el desarrollo.
El reciente lanzamiento de la Política Energética 2013–2027 recoge lineamientos importantes que representan una hoja de ruta que nos puede permitir, como país, desarrollar dos grandes áreas en las cuales tenemos un potencial enorme: La producción petrolera y la generación eléctrica a partir de fuentes renovables.
Se plantean ambiciosas metas, como elevar la producción de petróleo a 50 mil barriles diarios y mejorar la cobertura eléctrica del país a un 95 por ciento (hoy es del 85 por ciento), además de diversificar la matriz energética.
Como sector privado, en CIG consideramos que si el trabajo es responsable, si somos disciplinados y mantenemos consistencia en la implementación de esta Política de Estado, Guatemala no sólo tendrá la oportunidad de diversificar el parque generador sino que también mejoraremos la competitividad del país que tanto nos urge para atraer inversiones.
Adicionalmente, al aprovechar los recursos naturales como los afluentes acuíferos en la instalación de hidroeléctricas, también contribuiremos a la conservación del medio ambiente.
El otro subsector que aborda la Política Energética es el de hidrocarburos. A partir de estos lineamientos, el Gobierno promete ofrecer mayor apertura a más inversiones y aumentar los niveles de producción petrolera que, a 2012, era de unos 10 mil barriles diarios, según el Ministerio de Energía y Minas.
Como representantes del sector industrial, en CIG siempre apoyaremos cualquier iniciativa que busque incentivar las inversiones, pues es la única manera de generar más empleo y recursos fiscales para el Estado que tanto se necesitan para invertir en las principales necesidades del país.
Atraer más capitales es nuestro gran objetivo con la organización del Guatemala Investment Summit, un foro al que esperamos una asistencia de más de 150 inversionistas internacionales y de muchos emprendedores locales que tendrán la oportunidad de negociar alianzas y desarrollar sus proyectos.
En fin, el interés manifiesto por el Gobierno para diversificar el parque generador energético es motivador. En ese sentido, esperamos que ese potencial natural que tenemos sea explotado de manera responsable y con transparencia.
Para alcanzar esos objetivos será importante que el Ministerio de Energía y Minas comparta su implementación con los distintos agentes económicos del sector eléctrico.
Debemos recordar que para alcanzar los mejores resultados se requieren reglas claras y estables pues todos son proyectos energéticos que demandan fuertes inversiones privadas, capitales que, sin embargo, no vendrán si previamente no damos certeza jurídica, reglas claras y reales.
Otro punto relevante es el manejo responsable de la información que se genera en las distintas comunidades. Si bien es cierto que es importante tomar en cuenta a las comunidades mediante un diálogo amplio y sincero, es imprescindible que los distintos grupos involucrados en actos irresponsables de desinformación, confrontación y desestabilización, que tanto afectan a la inversión, no permanezcan al margen de la ley.
El documento de la Política compartida por el Gobierno precisa que su objetivo “es contribuir al desarrollo energético sostenible del país, con equidad social y respeto al medio ambiente”. De igual forma es responsabilidad de las autoridades actuar de manera responsable, objetiva, transparente para aplicar la ley como corresponde.
En resumen, las inversiones en hidroeléctricas, en proyectos petroleros o mineras, requieren un clima de certeza, de paz y armonía. El reto, como sociedad, será manejar con transparencia los procesos de adjudicación, lograr acercamientos y acuerdos con las organizaciones sociales y las comunidades cercanas a cada proyecto. Estamos seguros que con madurez lo lograremos, con el objetivo común de impulsar el desarrollo del país.
Javier Zepeda
Director Ejecutivo
Cámara de Industria de Guatemala