Los pilares para el fortalecimiento del mercado interno
Con una estrategia integral, CIG plantea los puntos claves para abordar el tema.
POR HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS
Como parte de la propuesta “Progresando a través del desarrollo industrial”, planteada por Cámara de Industria de Guatemala (CIG), al Gobierno y diversos sectores de la sociedad, se contemplan tres grandes áreas en las que el país debe trabajar a marchas forzadas para fortalecer el clima de negocios y lograr que esa inversión fluya y se traduzca en mejores empleos para miles de guatemaltecos que cada año se suman a la fuerza laboral. Las tres áreas de acción que CIG promueve comprenden: Combatir el contrabando, modernizar la legislación laboral y fomentar la inversión y el empleo.
A continuación, abordamos a empresarios y funcionarios, quienes exponen su perspectiva sobre el tema y coinciden en que el esfuerzo debe ser conjunto –sector público y privado–, partiendo de un Estado de Derecho y el fortalecimiento de la institucionalidad.
“Parte del ancla es la falta de aplicación de la ley”
Rudolf Jacobs, empresario ligado al subsector eléctrico y director de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), es enfático al explicar que parte de la problemática del país es la falta de certeza jurídica. “Parte del ancla que tenemos es la falta de aplicación de la ley”, pues, a su juicio, Guatemala cuenta con leyes claras en todas las áreas, las cuales establecen de manera clara qué es y qué no es un delito. Sin embargo, debido a que el Estado no vela por su cumplimiento, muchas personas las incumplen. “Yo siempre me pregunto por qué en Miami todos los chapines que rentan un carro se comportan bien en la calle y por qué en Guatemala no”. La respuesta es simple: Allá (en Estados Unidos) hay certeza del pronto castigo, mientras que aquí, no. “Si en Guatemala supiéramos que la ley se va a cumplir, probablemente no estaríamos contrabandeando en las fronteras, tendríamos una cultura impositiva sana y mejores ciudadanos en las carreteras”, señala.
Según Jacobs, para empezar, en Guatemala debe prevalecer el Estado de Derecho. “Eso significa que yo tengo que aprender a pagar mis impuestos, a no cometer delitos como contrabando, a manifestar en forma ordenada haciendo valer mi derecho de expresión pero acorde a nuestra legislación”.
Contrabando, un lastre
Para el director de CIG, el contrabando es un grave problema que ahuyenta la inversión, hace que muchas empresas formales del país compitan en desigualdad de condiciones o, incluso, quiebren, como ocurrió con Tabacalera Centroamericana (Tacasa). De ahí que es urgente que las autoridades apliquen la ley y hagan el
esfuerzo por contrarrestar este ilícito. “No podemos convencer a alguien que no sea contrabandista por la bondad de su corazón; no. Lo tenemos que desmotivar por medio de la ley”.
Otro de los temas que aborda el director de CIG tiene que ver con las ventajas comparativas del país. Explica que Guatemala tiene una posición privilegiada pues colinda con el mercado más grande del mundo (México, Estados Unidos y Canadá) y que integran el llamado Nafta o Tratado de Libre Comercio del Norte. “Podemos ser un gran proveedor de ese mercado”, agrega. Nuestras contradicciones No obstante al potencial del país, Jacobs no se explica cómo hay tantas contradicciones que confunden al inversionista, en sectores como la generación de energía eléctrica.
Y es que, mientras que el país tiene un potencial hidroeléctrico “enorme”, hay mucha oposición de algunas comunidades a estos proyectos. “Estamos utilizando apenas entre el diez y 15 por ciento de ese potencial pero a la vez hay personas que se dedican al robo de energía o comunidades que se oponen a inversiones que serían de su beneficio”.
Para lograr consensos, recomienda sacar de la discusión a los intermediarios ilegítimos interesados en generar confrontación y “sentarnos a la mesa con las partes interesadas, incluyendo a las comunidades, empresarios, Gobierno y diputados”.
“Necesitamos una nueva política industrial”
El viceministro de la Pequeña y Mediana Empresa, Sigfrido Lee, reconoce la necesidad de fortalecer el mercado interno vía una nueva política industrial, enfocada en el área rural.
¿Cómo visualiza el escenario guatemalteco y qué medidas cree que se deben adoptar para atraer más inversiones y generar empleo?
Realmente lo que necesitamos es una nueva política industrial, pero enfocada al desarrollo de los pequeños y medianos productores. A qué me refiero con esto; a que no podemos pensar únicamente que los pequeños empresarios van a pegar el brinco inmediato hacia los mercados internacionales, que es nuestro gran objetivo. Tenemos que empezar por ir aprovechando las oportunidades que tenemos desde el mercado local; implica una nueva estrategia que tiene que ver con los encadenamientos productivos, con fortalecer el desarrollo de las empresas y los esquemas de calidad.
Implica tener un mercado de trabajo más flexible, ver al recurso humano como un insumo fundamental para el desarrollo.
¿Qué se hace desde el Viceministerio para flexibilizar la legislación laboral?
Estamos trabajando en eso junto con el Ministerio de Trabajo. Hemos desarrollado toda una política de trabajo seguro, decente y de calidad, que busca la formalización del sector y que se respeten los derechos del trabajador. Todo esto dentro del marco institucional y que permita al empresario aprovechar las oportunidades que le presentan los distintos mercados.
¿Se refiere a algún proyecto de ley?
Hemos estado trabajando en un proyecto de ley para flexibilizar las relaciones de trabajo. Este es un tema específico y que ha sido de muchas negociaciones con grupos laborales. Comprende la jornada y horarios de trabajo. Estos cambios son fundamentales y su implementación será importante. Es algo que va bastante avanzado y esperamos muy pronto poder presentar la iniciativa de ley al Congreso de
Sí, que se permita el trabajo por hora, pero necesitamos una ley aunque no necesariamente se necesitaría reformar el Código de Trabajo, pero sí hay que darle certeza al empresario de que puede trabajar dentro de esos esquemas, que es lo que por el momento no existe debido a que hay unos vacíos legales que simplemente hacen suponer que solo podemos trabajar en jornadas completas. Hay que aclarar esos vacíos para que sean posibles las contrataciones parciales.la República.
¿Significaría, por ejemplo, que se autorice el trabajo por hora?
¿No cree que también se deba impulsar la reconversión productiva en el área rural? ¿Cómo incentivar la industria en ciudades departamentales?
Tenemos un sistema centralizado pues en Guatemala no existe la posibilidad de hacer exenciones fiscales, por ejemplo, para que las empresas inviertan en el interior del país. Cualquier impuesto tiene que ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, para eso existen las zonas francas, la Ley de Maquilas (Decreto 29-89) y la Zona de Libre Comercio (ZOLIC), entre otras. El área metropolitana tiene ventajas sobre el resto del territorio nacional porque aquí está la mejor infraestructura y entonces para las empresas resulta muy caro irse a otras regiones.
¿Cómo cambiar esa realidad?
Tenemos que trabajar de manera conjunta y definir esquemas novedosos, como los que estamos analizando, a manera de que se puedan otorgar incentivos diferenciados.
¿Y la reconversión productiva rural cómo la visualiza?
Tiene que basarse la diversificación productiva a partir del sector agropecuario, porque es el más prevaleciente en el área rural, es el que genera la mayor parte de la producción y la mayor demanda de mano de obra. A partir de ir fortaleciendo este sector se puede pensar en la diversificación productiva. Sólo el hecho de introducir riego en una parcela cambia la demanda de servicios en una región; se va a demandar soldadores, fontaneros, y otro tipo de mano de obra que no existe por ahora.
¿O sea que se mantendría el esquema agrícola?
No, al contrario, tenemos que buscar servicios e industria liviana, pero esto lleva un proceso.
¿Y qué hace el Gobierno en ese sentido?
Se está haciendo mucho. Estamos promoviendo inversión en industria liviana con programas de capacitación en nuevos servicios, fortaleciendo la infraestructura productiva para que a partir de un sector agrícola fortalecido se pueda desarrollar toda una diversificación productiva del sector rural.
“Aquí cuesta que la ley se cumpla”
El presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Andrés Castillo, es enfático y reitera que el gran problema es que “aquí cuesta que la ley se cumpla”, lo cual se traduce en un mercado poco atractivo para invertir a pesar del potencial en áreas como la minería, hidrocarburos, energía eléctrica y turismo. Aunado a ello, “se ve poca acción del Gobierno para que las inversiones en esos sectores terminen de establecerse, como ocurre con Minera San Rafael. Esta empresa, desde enero, cumplió con todos los requisitos de ley pero a la fecha (al 15 de noviembre) aún no se le ha otorgado la licencia.
Y lo más lamentable, según Castillo, es que en estos sectores es donde hay más conflictividad social. “Mañana sale un grupo de 25 personas e impiden que los empresarios entren a su propiedad privada, que se lleve a cabo la inversión y el Gobierno no actúa”, lo que implica que nuestro gran problema es la falta de un Estado de Derecho, señala el presidente de CIG.
Sobre la reconversión rural, Castillo coincide con el viceministro de la Pequeña y Mediana Empresa y explica que una buena estrategia son los encadenamientos productivos mediante los cuales el sector privado acompaña a los pequeños productores en sus procesos de producción, los ayuda a buscar potenciales exportadores y los capacita. Asimismo, precisa que es impostergable combatir el contrabando pues provoca millonarias pérdidas al Estado en la captación de impuestos, genera competencia desleal a las empresas formales, ocasiona despido de trabajadores y pone en riesgo la salud de los consumidores. También considera que es necesario flexibilizar la legislación laboral para que las empresas puedan contratar trabajadores a tiempo parcial.
Más fábricas, más industria
Si Guatemala desea desarrollarse, el camino sigue siendo la industria. Esto cobra especial importancia cuando se toma en cuenta que el empleo industrial formal equivale a sólo el 2.8 por ciento del empleo total en el país.
Si tuviera que “leer entre líneas”, considero que ese es el significado de las aseveraciones del ministro de Economía, Sergio de la Torre, cuando en una entrevista reciente señaló que le gustaría que Guatemala “se convierta en la fábrica de Latinoamérica”. En ese sentido, más fábricas implicarían más empleos, mayor productividad laboral y mayores salarios para sostener un mejor nivel de vida para las familias guatemaltecas. Considero que es una aseveración pragmática de un funcionario que sabe que su reputación está en juego, pues sabe que su labor, así como la de otros en el Gabinete, será juzgada a partir de la generación de empleo formal.
El ministro parece tener pocas opciones; no hay muchas concretas sobre la mesa. Además, el reto se complica porque el Gobierno también apuesta por otra estrategia que, debiendo ser complementaria, muchas veces quiere interpretarse como sustituta: La propuesta de desarrollo rural. Sin embargo, hay que ser muy claros que el desarrollo rural es una alternativa de mediano plazo para unas cuantas áreas dentro del país, las cuales debido a su ruralidad, bajo capital humano e infraestructura, no pueden dar un brinco al sector de servicios o la industria. En ese sentido, la propuesta de desarrollo rural es de auto empleo informal para un sector con pocas oportunidades. La evidencia internacional sigue favoreciendo a la industria como el método para lograr desarrollo económico. En un estudio reciente, Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional de Harvard Kennedy School, encontró que el sector industrial tiene una peculiaridad: Los países menos desarrollados muestran mayores tasas de crecimiento en su productividad laboral que aquellos países ya desarrollados.
Rodrik explica que a pesar de los efectos positivos de la industria, los países en desarrollo no han logrado mayores tasas de crecimiento debido a dos motivos: a) los sectores no industriales no tienden a “converger”, es decir, países con baja productividad en el sector agrícola mantienen bajos niveles de productividad, mientras que para países altamente productivos ocurre lo opuesto; y, b) en muchos países en desarrollo el sector de manufactura es pequeño.