El abogado constitucionalista, Stuardo Ralón, también consideró que las enmiendas constitucionales que propone el Presidente, son innecesarias para mejorar el funcionamiento del Estado.
POR HERNÁN GUERRAINDUSTRIA Y NEGOCIOS
¿Por qué no debe reformarse la Constitución, como pretende el Presidente Otto Pérez Molina?
Porque las reformas que se plantean atentan contra dos grandes principios y garantías individuales: Atentan contra la propiedad privada y contra la libertad del individuo. Las enmiendas proponen un cambio en el sistema de valores de la Constitución vigente, la cual tiene a la persona individual como sujeto y fin del ordenamiento jurídico. Se persigue equiparar a la Nación con la persona, por lo que pasaríamos de un concepto individual a un concepto plural. Y ese concepto plural hace que el Estado pueda intervenir en el mercado. Intervendría con posibilidades de más endeudamiento y caer en un Estado populista. También lesionaría el derecho de propiedad privada porque el Congreso podría calificar los lugares sagrados de los pueblos indígenas que hoy están en poder de particulares.
¿Tendríamos un país con un Estado más poderoso?
Los cambios no son beneficiosos. Los países que han tenido prosperidad y paz son aquellos que respetan la libertad individual y no aquellos que buscan mayor intervencionismo del Estado. Con las reformas constitucionales se le daría mayor posibilidad de intervención en la esfera individual.
Además, hay artículos peligrosos. Por ejemplo, el Ejército –en situaciones extraordinarias– podría hacer operativos parecidos a los determinados en la Ley de Orden Público vigente, que permite la suspensión de las garantías individuales. Sin embargo, con la reforma no sería necesaria la autorización del Congreso; lo haría el Ejército mismo y, 15 días después, informaría a ese organismo qué fue lo que ocurrió. Ese es un ejemplo del actuar de un Estado que lesionaría la esfera individual de los ciudadanos.
¿Usted cree que, en todo caso, es necesario reformar la Carta Magna en otros puntos?
El país no necesita reformas constitucionales. Lo que se necesita es aplicar las leyes existentes y generar condiciones para generar empleo. Y esas condiciones no requieren cambios a la Constitución. Mejorar el funcionamiento del Estado se puede lograr sin tocar la Constitución, reformando, por ejemplo, la Ley de Servicio Civil, la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado e, incluso, la Ley de Partidos Políticos.
¿Y el sistema de justicia?
Se puede modificar la Ley Orgánica del Organismo Judicial. Pero con los cambios propuestos, empeoramos; se lesiona la división de poderes porque el Organismo Legislativo tendría injerencia en el Organismo Judicial al nombrar a los miembros de una Cámara Administrativa que manejaría todos los recursos de la Corte Suprema de Justicia. Eso es un retroceso para el sistema republicano de Guatemala; se politizaría la justicia.
¿Cuál debería ser la postura de la sociedad ante el proyecto del Presidente?
Considero que toda la población debería expresar un rotundo “no” a la reforma constitucional.