Dos destacados abogados constitucionalistas –José Quezada y Stuardo Ralón– compartieron el pasado siete de noviembre con el sector privado organizado sus preocupaciones en torno al proyecto de reformas a la Constitución que el Presidente Otto Pérez Molina promueve en el Congreso de la República. A su vez, el presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Andrés Castillo, expuso las razones por las cuales el sector privado considera que la iniciativa del mandatario es innecesaria y que, en todo caso, muchos de esos cambios que se plantean se pueden lograr mediante modificaciones a leyes ordinarias.
José Quezada:
“El 90 por ciento se puede hacer con leyes ordinarias”.
El abogado constitucionalista, José Quezada, explicó al empresariado que es “inútil que se someta al estrés una reforma constitucional”, pues el “90 por ciento de esas reformas se puede hacer con leyes ordinarias”.
Al abordar las enmiendas propuestas al sector de justicia, el abogado dijo que de aprobarse la iniciativa, la Corte Suprema de Justicia se partiría en dos, pues por un lado se crearía la Cámara Administrativa, la cual se encargaría exclusivamente de administrar los recursos
financieros de ese organismo. Esta Cámara sería nombrada por el Congreso de la República, dando lugar a mayor clientelismo político y burocracia. A su vez, esto generaría conflictos con la Corte en sí, pues esta se limitaría a impartir justicia. “Esto sería como un botín político”, expresó Quezada. En suma, a su criterio, “nada bueno sacaríamos con esta reforma al Organismo Judicial”.
Tampoco es saludable que al Ministerio Público se le asigne una cantidad fija de fondos sin antes tener un estudio financiero de lo que esa institución necesita para desempeñar su trabajo de investigación, expuso.
Quezada también criticó la idea de cambiar la forma de elegir al presidente de la Corte de Constitucionalidad. Con el proyecto de ley, ya no habría suplentes. La CC estaría compuesta por 11 magistrados. Sin embargo, el presidente sería nombrado por votación, en vez de mantener el sistema vigente, de elección según la edad de los magistrados, partiendo del de mayor edad. “Ahora quieren que la elección sea como se hace en la Corte Suprema de Justicia, que tantos problemas ha dado cada año; por qué cambiar algo que ha funcionado bien”, precisó.
Y aunque algunas reformas serían positivas, como componer la CC de 11 magistrados, el abogado constitucionalista reiteró que “siempre hay riesgos subyacentes”.