Además de las discusiones sobre reformas constitucionales, el debate vital para el país debería ser el presupuesto para 2013.
Si algo nos hipotecará el futuro, más allá de algunas modificaciones a la Carta Magna, será el grado de endeudamiento que adquirirá el país en los próximos años, “gracias” a las cuentas que hacen nuestros insignes políticos.
Sabido es que no hay presupuesto que sea suficiente para quienes gobiernan, pero también que algunos países europeos –España entre ellos– han llevado a cabo reformas constitucionales para evitar gastar más de lo que ingresa, contando con un presupuesto equilibrado, con “cero” financiación. En Europa (lección por aprender), después de un desmedido e incontrolado gasto público, pareciera que han llegado a la decisión de que no se puede gastar más de lo que se ingresa porque en el mediano plazo hay que pagarlo y se corre el riesgo de quebrar. Sin embargo, y a pesar del Internet, por aquí hacen oídos sordos a estas lecciones y el endeudamiento sigue siendo la tónica. Artistas que quieren más indemnizaciones para producir “obras de arte” que nadie comercializa; pobres que piden ayuda de forma continuada; políticos que se recetan gastos de caja chica por millones de quetzales o “excursiones” al extranjero bajo el epígrafe de “comisiones al exterior”; grupos de poder que quieren subvenciones para no hacer nada; obras que se reparten los diputados por medio de amigos, conocidos y ONG fantasmas o cómplices; colegas, familiares y amantes que son contratados como “asesores”, cobrando miles de quetzales que resultan ser premio a la fidelidad personal o sexual; sindicatos que cuestan diez o más veces por las ventajas que adquieren sus afiliados en los pactos colectivos negociados bajo presión; láminas que se reparte previo (o posterior) canje de votos; otras prebendas diversas y en ocasiones inimaginables que, desde el poder, se recetan ladrones, inmorales y otros cargos públicos, son algunas de esas “necesidades nacionales”.
Tenemos un Gobierno que prometió trasparencia, pero que, como el anterior, se quedó en la palabra. La prueba fue aquel diputado que intentó sobornar a un periodista ofreciéndole Q2,000 –posiblemente de dinero público– y que no tuvieron la decencia de expulsar del partido. Y es que guste o no, el pecado es por acción o por omisión. Esas ilícitas o inmorales acciones con dinero público son cuestionables en cualquier lugar del mundo, salvo en dictaduras o Estados patrimonialistas. Lo peor ni siquiera es eso, sino que en este país mueren centenares de personas por hambre y centenares de miles forman parte de las estadísticas de pobreza y extrema pobreza.
Este año la discusión no será diferente. Los Gobiernos han aprendido a engordar el primer presupuesto de su gestión de forma que sirva para que si luego pierden la mayoría necesaria en el Congreso, puedan subsistir los años siguientes. Seguirán guardando los Q500 millones para fertilizantes, a pesar de haberse demostrado que no genera desarrollo y es un botín que anualmente provoca problemas de reparto. También continuarán con las contrataciones fraccionadas o de emergencia nacional, lo que dará lugar a que quienes se privilegian de contratos con los medicamentos sigan engordando su cuenta corriente a cargo del presupuesto nacional.
No faltarán los propietarios de autobuses que, ante la negativa de colocar el sistema que nos informaría de cuanto colectan, pidan o extorsionen con las millonadas tradicionales. Mientras las voces de la izquierda petulante dirán que somos el país que menos gasta de América Latina, sin darse cuenta que, a pesar de ello, quizá seamos el país en el que más se roba, “dispendia” y malversa del mismo hemisferio.
Esa es la filosofía que prima en el presupuesto, que más que un “presupuesto”, es toda una aberración económico-fiscal. Así pues, “aprueben lo que quieran, roben a gusto y endéudennos”, pareciera que es el mensaje que el votante pasivo manda a esos piratas que siguen votando una vez al año para luego quejarse de ellos el resto de los 1,400 días. ¡Valiente estupidez!