La industria minera entregó al Gobierno el primer aporte voluntario de regalías (cinco por ciento sobre ingresos brutos), por un valor de Q33.5 millones. No obstante, entre las empresas internacionales radicadas en el país cunde la incertidumbre tras el anuncio del Presidente de la República de reformar la Constitución y convertir al Estado en accionista de estas compañías. Además, la reputación de Guatemala en los mercados internacionales también se ha derrumbado, explica Mario Marroquín, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext).
POR HERNÁN GUERRAINDUSTRIA Y NEGOCIOS
¿A cuánto asciende el primer aporte de las regalías voluntarias, entregado al Gobierno?
Han sido Q33.5 millones, correspondientes al primer semestre pero a esa cantidad hay que agregar otros Q33.5 millones entregados a la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, más el pago del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Único Sobre Inmuebles, con lo suman más Q112 millones. Al finalizar el año el sector minero se ubicará entre los tres principales contribuyentes del Estado.
¿Cuál es el estado de la industria minera, en términos de aporte al Producto Interno Bruto y cómo califica el clima de negocios de Guatemala para un sector tan sensible a las críticas ambientales?
Aún no tiene el nivel de participación que debería de tener en el PIB, si comparamos lo que significa en países como Colombia, Chile y Perú. Aquí apenas es del dos por ciento y en esos países es entre el ocho y diez por ciento, lo que nos da una idea del potencial que tenemos en Guatemala, como industria generadora de inversiones, ingresos para el Estado y en empleo.
¿Es congruente el aporte actual con el que exigen ciertos sectores, que piden más ingresos para el Estado?
En estos momentos, concluimos en que luego de la reforma fiscal y el aumento voluntario de las regalías, el Estado recibe de la industria minera alrededor del 40 por ciento de sus ingresos, o lo que internacionalmente se denomina como “stick track”.
¿Cuál ha sido la respuesta del sector al proyecto del Gobierno de convertirse en accionista de las empresas de minería, hasta en un 40 por ciento?
Creemos que esa propuesta de reforma constitucional es redundante porque el Estado ya recibe el 40 por ciento de los ingresos del sector minero sin invertir ni hacer nada, más que cobrar las regalías y los impuestos. Si el Estado se metiera como inversionista sería un andamiaje burocrático innecesario, redundante.
¿Pero el Presidente Otto Pérez no ha echado atrás esa iniciativa?
No sabemos, pero sí respaldamos la posición del sector privado de rechazar esas reformas constitucionales pues su contenido no es adecuado para el país.
¿Y qué reacción tuvieron las compañías y el mercado internacional ante esas intenciones del Gobierno?
Hubo un impacto fuerte en el valor de las acciones de las empresas que tienen inversiones en el país y un golpe duro a la reputación de Guatemala. En las últimas semanas han circulado noticias interpretativas complejas de firmas de prestigio como Bloomberg, por ejemplo, que hablan de la incertidumbre en torno a cuál es la verdadera situación del país. En los mercados se sigue viendo cierto nivel de desconfianza pues somos de un vecindario complejo, como es América Latina. Sin embargo, confiamos en la palabra del Presidente, quien nos ha dicho que no se pretende expropiar empresas o algo parecido.
¿Hubo inversiones o negocios que se cancelaron por esta noticia?
El valor de las acciones de Tahoe (Minera San Rafael) se desplomó al extremo que tuvo que suspender el “training” porque estaba perdiendo el 60 por ciento de su valor; fue una cosa muy seria. En el caso de Anfield Nickel (Mayaníquel), iba a hacer un negocio pero se le cayó por esta noticia. Estas situaciones ya las informamos a las autoridades de Gobierno, sin embargo debe tomar ciertas acciones para recuperar la confianza de los mercados y, en particular, apuntalar la labor de las empresas que tienen inversiones en Guatemala.
¿Como qué acciones debe adoptar el Gobierno?
Para restituir la confianza es trascendental que se autoricen las licencias y permisos correspondientes a las empresas que han cumplido con todos los requisitos. Falta que se extienda licencias de explotación a la compañía Tahoe (Minera San Rafael), que ya invirtió más de US$130 millones. También CGN (Compañía Guatemalteca de Níquel) tiene algunos permisos pendientes. En suma, son inversiones de más de US$2 mil millones las que están en juego; confiamos en que el Estado cumpla con el marco jurídico. Con esas medidas se recobra la confianza.