La Ley de Aduanas, contenida en el Libro III del Decreto 10-2012 y vigente desde el 12 de marzo, ha ocasionado graves problemas al comercio internacional elevando los costos y los tiempos en las aduanas y poniendo en riesgo la competitividad del país.
No dudamos que las intenciones del Gobierno no eran obstaculizar o poner trabas al proceso de carga y descarga de mercancías en nuestros puertos aduanales. Más bien, su intención, seguramente era evitar la subfacturación aduanera y la elusión fiscal, por medio de procedimientos ágiles y más transparentes. De hecho estamos de acuerdo con una Ley de Aduanas, pero que contribuya y no perjudique la competitividad.
La aplicación de la normativa se ha convertido en una verdadera pesadilla para todas las empresas que a diario trabajan, directa e indirectamente en el sector del comercio exterior. Largas filas de contenedores, engorrosos trámites y pérdida de tiempo han sido los denominadores comunes desde que entró en vigencia.
Como quedó aprobada, la ley establece una serie de sanciones económicas que se aplican en casos de pequeños errores cometidos por agentes aduaneros al momento de completar formularios. En otros casos son de tipo administrativo. Por ejemplo, se deja a discreción de
Aduanas la exigencia de facturas en idioma español, cuando todos sabemos que el idioma universal es el inglés. Por consiguiente, al dejar esto a discreción, un vista de aduanas puede reparar una factura por venir escrita en inglés, haciendo más tortuoso el procedimiento.
Esas y otras dificultades se deben a que antes de aprobar la ley no se hicieron estudios técnicos ni se tomaron en cuenta muchas sugerencias que, de nuestra parte, se plantearon a las autoridades.
Además, por la rapidez con la que fue aprobada, tampoco hubo tiempo de capacitar ni al personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ni al de los empresarios. Esto ha ocasionado que no haya unidad de criterios al momento de los trámites.
En las últimas semanas, una comisión interinstitucional con participación directa del sector privado y la SAT ha trabajado en la elaboración de los cambios a la ley. También se ha estado a la espera de que el Ministerio de Finanzas presente la propuesta del reglamento.
Para salir de manera eficiente de esta problemática hemos solicitado al Gobierno de la República concretamente las siguientes acciones:
- Prorrogar la fecha de la aplicación de las multas, la cual vence el 15 de junio. Hemos recibido el compromiso del Gobierno que por lo menos se postergará 90 días.
- Que el Ministerio de Finanzas presente la propuesta de reglamento. Esto ya ocurrió el 23 de mayo y el equipo interinstitucional lo revisará para poder entregar los comentarios a la mayor brevedad. En una primera revisión se ha detectado que el reglamento únicamente soluciona entre un 20 y un 30 por ciento los problemas generados por la ley.
- Que se apruebe en el Congreso de la República las modificaciones a la ley.
- Previo a implementar la aplicación de la ley y el reglamento, generar un programa de capacitación estricto, dirigido tanto a los empleados de la SAT como a los de los empresarios.
- Establecer una mesa técnica de consultas que permita monitorear la aplicación de la ley y el reglamento. Esto logrará ir corrigiendo errores en el camino y así evitar discrecionalidades.
- Como un tema horizontal a los puntos anteriores es importante determinar la forma de aplicar la ley en la actualidad, previo a que los cambios a la Ley sean aprobados por el Congreso.
Aunque el más damnificado en esta situación es el país, las consecuencias de una ley mal redactada y aprobada a toda prisa las seguirá pagando el sector privado, con más costos de operaciones y pérdidas por los atascos en las aduanas. Como sector privado no nos oponemos a la regulación aduanera nacional, pero sí estamos en contra de medidas que en nada contribuyen a facilitar el comercio exterior. Ojalá que en el futuro no se repitan casos como este y toda propuesta de ley sea discutida de manera técnica, tomando en cuenta las observaciones de todos los sectores involucrados.
Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala