El paquete de nuevas leyes y reformas que el Ejecutivo promueve en el Congreso de la República para darle transparencia al gasto público y fortalecer las instituciones, en aras de combatir la corrupción son, sin lugar a dudas, herramientas útiles que el Estado necesita. Son retos que se han venido postergando año tras año pero que, por ahora, se convierten en una gran oportunidad para que el Organismo Legislativo haga un esfuerzo por convocar a distintos sectores, con el fin de enriquecer esas iniciativas y aprobarlas de la mejor manera posible.
Son normas que todos los guatemaltecos hemos considerado de suma importancia debido a que la corrupción y la falta de transparencia en las finanzas del Estado han sido lastres que han costado millones de recursos y que, desafortunadamente, han sido desviados a cuestiones que en nada ayudan a fortalecer la democracia como tampoco a generar confianza en los inversionistas nacionales e internacionales, ni mucho menos en los contribuyentes.
La coyuntura actual es más que oportuna para que ese paquete de 11 leyes –tres nuevas y ocho reformas– sean abordadas de manera integral.
En ese sentido, como Cámara de Industria de Guatemala, consideramos que el honorable Congreso de la República tiene que mostrar sentido común, madurez política y, sobre todo, liderazgo para reconocer que las iniciativas de ley que envió el Ejecutivo son relevantes y no pueden postergarse más. Sin embargo, también hay que reconocer que implican una serie de temas bastante densos y técnicos, los cuales requieren mucho análisis y consenso.
Esa discusión y análisis entre más actores de la sociedad es importante porque permitirá que no se repitan algunos errores cometidos con otras leyes recientemente aprobadas por el Congreso. Nos referimos a los problemas de carácter técnico ocasionados en la aplicación de la denominada “Ley Antievasión II”, la Ley de Aduanas y la de Actualización Tributaria. En estos casos, el sector industrial hizo una serie de observaciones que, sin embargo, no fueron tomadas en cuenta al momento de la redacción final de las normativas. Finalmente y ante esos problemas, el Presidente de la República se vio en la necesidad de posponer la vigencia de la Ley de Aduanas debido a las medidas de hecho asumidas por los gestores aduanales, quienes se vieron afectados por algunas sanciones que la norma establece. Por consiguiente, lo más sensato será que el nuevo paquete de “transparencia” enviado al Congreso sea analizado en toda su extensión, escuchando la mayor cantidad de opiniones de los distintos sectores.
Pero nuestra posición, que quede claro, no busca proteger a sector alguno. Como Cámara de Industria de Guatemala lo que pretendemos es aportar, contribuir con ideas y puntos de vista al desarrollo económico y social del país. Pues, al final, lo que todos deseamos es generar más fuentes de trabajo, atraer más inversión y, por consiguiente, construir una sociedad más desarrollada en todos sus ámbitos. Para alcanzar estos objetivos es vital la certeza jurídica y la permanencia de reglas claras y estables.
Por ahora, en Cámara de Industria hemos pedido a nuestras Gremiales socias que estudien y analicen a profundidad los aspectos técnicos de aplicabilidad de los proyectos de ley de transparencia. Estamos de acuerdo con los objetivos de las mismas pero coincidimos con analistas y expertos en la necesidad de someterlas a un cuidadoso análisis.
Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala