La propuesta del Presidente, lejos de ser utópica, da exactamente en el clavo y lanza un reto a la fallida política de los USA que pone en un brete al país del norte al ser el principal consumidor.
El Presidente Pérez Molina ha manifestado la necesidad de entrar a debatir la “legalización de las drogas”. Sin dejar muy claro a qué se refiere, es un tema crucial que enfrenta una peculiar moral –nacional y global– y al Gobierno del norte. No se sabe qué desea despenalizar, si el consumo, la producción, la comercialización o todo el proceso completo, algo de tanta trascendencia como el hecho de haber tenido la valentía y la sinceridad de promover un tema como éste.
Pareciera que la lección de la prohibición del alcohol en Estados Unidos –al inicio del pasado siglo– no aporta, para algunos, lecciones aprendidas a esta discusión. En aquel período surgieron las mafias más poderosas y se consolidó el crimen organizado –todavía hoy activos–, lo que hizo que el Gobierno tuviera que dar marcha atrás en relación con esa norma positivista y ciertamente moralista. Legalizado el alcohol habrá los consumidores que haya, esto es, quienes voluntariamente decidan ingerirlo y correr el riesgo.
Sin embargo, el impacto que ha tenido la prohibición del consumo de drogas “ilícitas” ha llegado a permear la mente de muchas generaciones, de manera que plantear solamente el debate genera crispación y discusión en muchos hogares donde la religión impuesta o la no prioridad de la razón predominan, sobre todo en generaciones más avanzadas. Sencillamente es imposible acometer una discusión sensata de este tema y mantenerla en un plano racional.
Muere al año más gente por accidentes de tránsito, diarrea, paludismo, obesidad o infarto que por razones asociadas al consumo de drogas. Sin embargo, ninguno de los primeros está prohibido.
Algunos opinan que tendría un alto costo social y sanitario, aunque eso estaría por discutir. Todo dependería si se piensa que el Estado debe pagar la factura de actos libres (y por tanto responsables) de ciudadanos que optan por usar ese tipo de fármacos, al igual que ocurre con quien se contagia de sífilis por no tomar las medidas adecuadas, termina siendo un ludópata, un alcohólico o un adicto sexual. Tampoco hay suficientes datos sobre si el consumo subiría. Antes bien, un estudio del Cato Institute (disponible en red) demuestra que la legalización del consumo en Portugal redujo el número de adictos.
Lo que desaparecería, sin lugar a dudas, son las mafias y el crimen organizado asociado a grupos clandestinos que encarecen el producto, generan violencia y con ello el número de muertes. Si de una vez por todas se legaliza la cadena (producción, distribución y consumo) la venta de droga serían una excelente fuente de ingresos impositivos, de empresas formales y de calidad contrastada, como ocurre ahora con la morfina médica, el tabaco, el alcohol u otros tipos de somníferos, antidepresivos o sustancias similares. El mundo sería mucho más seguro porque una importante parte de la violencia asociada a ese fenómeno no tendría cabida. Por ello, la propuesta del Presidente, lejos de ser utópica, da exactamente en el clavo y lanza un reto a la fallida política de USA –por cierto ya contestada– que pone en un brete al país del norte al ser el principal consumidor y que dejaría sin empleo a muchos de la DEA y otras agencias que han terminado por ser grupos de poder y presión.
Seguirá habiendo alcohólicos, drogadictos o dependientes de otros vicios –se haga lo que se haga– así que es hora de cambios sustanciales y de asumir responsable y racionalmente la discusión y el debate del tema. Lo malo es que una parte sustancial del dinero sucio del narcotráfico ha pagado (y paga) campañas políticas, legisladores, jueces, policías y estructuras de Estado y es ahí donde suele estar el muro de contención ¿Será capaz este Gobierno de evidenciar y desmantelar esta tela de araña que corrompe la administración?