Dic-11 Recuperemos la verdad sobre el caso Pavón (I)

Este 25 de septiembre se cumplieron 5 años de la recuperación de la cárcel.

¿Qué ocurrió realmente la madrugada del 25 de septiembre de 2006 en la cárcel de Pavón, en Fraijanes, Guatemala? ¿Por qué participaron tres instituciones diferentes del Estado: el Ministerio Público, el Ejército nacional y el Ministerio de Gobernación? ¿Desde cuándo los ciudadanos exigían que se retomara el control de la prisión, y por qué? ¿Realmente podían las autoridades controlar cada acto de los tres mil elementos de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo? Enseguida, las respuestas a estas y otras preguntas.

Rescatemos, en principio, la memoria. El 26 de septiembre de 2006, las portadas de los principales diarios de Guatemala señalaban lo siguiente: “Autoridades recuperan el control de la granja Pavón” (Prensa Libre) (1); “Pavón: sitiado, bajo fuego y sometido” (Siglo Veintiuno) (2) y “La fuerza pública retoma el control de Pavón” (El Periódico) (3).
A la reacción noticiosa de ese día se sumaron los criterios de los editoriales de todos los medios de comunicación. Por ejemplo: “Acción cruenta, pero necesaria” (Prensa Libre) (4); “Seguir con paso firme” y “El golpe contundente dado por las fuerzas de seguridad a los reos que se habían apoderado de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón ha sido fuertemente aplaudido por la población” (Siglo Veintiuno) (5) y “la opinión pública de Guatemala ha recibido con alivio y esperanza el rescate de la Granja de Rehabilitación de Pavón, en Fraijanes, efectuada el lunes pasado por fuerzas combinadas de la Policía y del Ejército nacional” (El Periódico) (6).

En ese editorial de El Periódico se ampliaba el juicio que prevalecía en la opinión pública: “Y es que las cárceles del sistema penitenciario se habían convertido, en los últimos años, en cerebros dirigentes del delito, call center del secuestro y la extorsión e indeseables escuelas de maleantes, bajo el control exclusivo del crimen organizado. Los reclusorios se transformaron en escenarios de incalificables hechos ilícitos, como sangrientas luchas intestinas que culminaron en decapitaciones de reos y hasta episodios de canibalismo, sin faltar fugas masivas de criminales de alta peligrosidad, en un ambiente generalizado de corrupción de sus autoridades (6)”.

Si ese era, en efecto, el reclamo general, ¿qué pasó después? ¿Por qué se desvió la atención pública hacia la muerte de siete reos, condenados por delitos graves como homicidios y secuestros? ¿Cuál fue el interés posterior de enjuiciar por ese hecho a las autoridades civiles, después de la exigencia generalizada de terminar con más de 10 años de “incalificables hechos ilícitos” de parte de un grupo de reclusos? ¿Son las autoridades civiles realmente las responsables? ¿Tenían el control de lo que pasó cuándo murieron los reos?

Escuela del delito…
Varias notas periodísticas evidenciaron la incontenible conflictividad de la cárcel antes de que se produjera la acción policial y militar, pero hubo una en especial, publicada en Prensa Libre el 24 de septiembre, apenas un día antes del operativo, que desnudó el poder del crimen organizado asentado en el reclusorio, pero con incidencia hacia el exterior de la prisión.

Recordar dicha publicación es necesario porque en las explicaciones que han predominado en el último año se ha prestado poca atención al poder que, traducido en armas y dinero, tenían los reos. En el mismo reportaje de Prensa Libre se indica que “por medio de entrevistas con reclusos y de fotografías se estableció que el COD (siglas de un grupo denominado Comité de Orden y Disciplina), presidido por Luis Alfonso Zepeda González, condenado por asesinato, controla ese penal, que le representa ingresos de Q600 mil mensuales…”. (7)

En el reportaje se explica, además, que “Zepeda y su gente son resguardados por un ejército de hombres armados con pistolas, machetes y palos…”, y se puntualiza que “Las alianzas del presidente del COD con secuestradores, extorsionistas, sicarios y narcotraficantes le permiten participar en negocios ilícitos y tomar una tajada de ellos” (7). (Continuará).

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