Jun 11 – “No es una reforma fiscal; es un ajuste a la política tributaria lo que proponemos”

El ministro de Finanzas Públicas, Alfredo Rolando del Cid Pinillos, defiende lo que él llama “un ajuste a la política tributaria”. Sostiene que, de aprobarse, se sentarían las bases para una reforma más amplia en los próximos años.

Alfredo Rolando del Cid Pinillos, ministro de Finanzas Públicas.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Por qué el Gobierno insiste nuevamente en la reforma fiscal?
No es una reforma fiscal, es un ajuste a la política tributaria lo que proponemos; es una cosa distinta. Se trata de actualizar las leyes tributarias para generar ingresos adicionales con mejores controles. El hecho de plantearnos un déficit acorde a la situación financiera del país va de la mano con lo que estamos solicitando. Debemos recordar que el país tiene deficiencia en la recaudación y por lo tanto tenemos que plantear modificaciones a las estructuras tributarias pero que, obviamente son propuestas que deben ser sujetas a la discusión de la clase política, conjuntamente con el Organismo Ejecutivo y el apoyo de las instancias técnicas en las que participa el Banco de Guatemala y Superintendencia de Administración Tributaria. Obviamente también esperamos conocer los puntos de vista de la sociedad civil y del sector privado.

¿Cree que el Gobierno ha dado el ejemplo con transparentar el gasto y ser eficiente con cada centavo que obtiene de los contribuyentes como para pedir más recursos a la población?
Hay que recordar que en el país no hay una cultura tributaria; eso está clarísimo. Si hubiera una cultura tributaria no tuviéramos los niveles tan bajos de recaudación con respecto a los demás países centroamericanos. El tema de una contribución para el presupuesto público tiene que ver con el uso de los recursos. En cuanto a la calidad del gasto, contamos con suficientes evidencias de todo el esfuerzo realizado. Por ejemplo, se ha implementado un mecanismo de transparencia a nivel latinoamericano implementado con el sector privado por medio de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Insisto, hemos avanzado muchísimo en transparentar el gasto público. Asimismo, funciona el observatorio del gasto público en el que participan organizaciones de la sociedad civil que permanentemente, mes a mes, revisan cómo se gasta el presupuesto.

Pero la población percibe lo contrario, que no hay priorización ni transparencia
Quizá esa haya sido la percepción de los dos años anteriores cuando no se contó con la aprobación de un presupuesto y por ese motivo el Gobierno tuvo que  hacer demasiadas transparencias. A algunos Ministerios  se les redujeron las asignaciones y, a otros, se les amplió. Sin embargo, sí hubo prioridad y transparencia. Para el 2011 se ha contado con un presupuesto aprobado por el Congreso y por esa razón se puede  chequear mes a mes cómo se ejecuta. Hasta la Junta Monetaria determinó que estamos dentro de las normas, que nos hemos adecuado a las metas programadas; están abiertas públicamente las inclusiones que se están dando.

¿Por qué, en vez de promover estas reformas, no se retoma el Pacto Fiscal y se promueve una política mucho más integral?
El Pacto Fiscal hay que retomarlo y reducir el déficit fiscal; no sé por qué no se ha retomado pues ese acuerdo viene desde el año 2000, no sé por qué los Gobiernos pasados no lo implementaron. Insisto en que estas modificaciones no se pueden considerar como reformas, son ajustes que permitirán, sin subir tasas, mejorar significativamente los ingresos del Estado. Además, tomen en cuenta que tuvimos un problema serio el año pasado que provocó una presión en el gasto que no se tenía previsto (emergencia de la tormenta Ágatha y erupción volcánica).

¿Por qué  este Gobierno ha incrementado tanto la deuda pública y lo hace para cubrir gastos de funcionamiento, especialmente pagar salarios?
En algunos casos es necesario destinar recursos de préstamos al pago de salarios porque no alcanzan los ingresos tributarios. No se pueden eliminar porque entonces no tendríamos maestros, médicos ni enfermeras. Pero ese gasto no debe considerarse como funcionamiento pues es inversión social.

Además de la ley anti evasión II, ¿cuáles son los otros cambios que el Ejecutivo propone como parte del paquete de reforma fiscal?
Son cambios en los controles. Se analizan las exenciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR) pues consideramos que ha habido ciertos abusos. A la vez, se reduciría gradualmente la tasa del ISR hasta dejarla en un 25 por ciento. De aprobarse las iniciativas, llegaríamos a una carga tributaria del 11.6 u 11.8 respecto del Producto Interno Bruto. También se está pensando un régimen aduanero distinto.

Existe la percepción que, además de los pasos ciegos por donde ingresan millones en productos de contrabando, también Aduanas permite la subfacturación y defraudación. Se calcula que son más de Q6 mil millones anuales los que el fisco deja de percibir por ambas vías. ¿Por qué no se trabaja en esos campos en vez de hacer reformas?
Por Aduanas no creo que ocurra eso pues la Superintendencia de Administración Tributaria ha hecho mucho trabajo. Hoy contamos con controles utilizando cámaras, se cuenta con un sistema esquematizado también en los puertos; cada vez es más difícil evadir por ahí. Sí es de reconocer que hay muchos pasos ciegos por donde entra contrabando pero estamos trabajando para disminuir ese problema.

Estos proyectos son de corto plazo o parches, como los llaman algunos analistas. ¿Por qué no abordar el tema tributario de manera general?
Como le comentaba al principio, este apenas es un ajuste tributario que, si se logra aprobar, se va a sentar un buen precedente y daría lugar para que, en 2012, se genere un proceso más amplio de discusión y promover una reforma de fondo de la estructura fiscal, donde participen todos los actores. Estamos previendo que la carga tributaria para los próximos tres años alcanzaría un nivel del 12 ó 14 por ciento, con lo cual daríamos respuesta a las principales necesidades de la población; también se reduciría el endeudamiento público. Por ahora, apenas se instalan las mesas técnicas para analizar estas reformas y esperamos la participación del sector privado; algunos empresarios reconocen que los cambios son necesarios pues son cambios moderados que no afectarán para nada la productividad del país. Estamos siendo muy cuidadosos para que estas enmiendas no tengan ninguna incidencia en el crecimiento económico.

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