Aumento al salario mínimo, otra decisión política del Gobierno que perjudicará a miles de guatemaltecos
La historia se volvió a repetir, aunque ahora fue más drástica. A partir del uno de enero el Presidente de la República, Álvaro Colom, decretó un incremento al salario mínimo de casi un 15 por ciento, valiéndose de la autoridad que le otorga la ley. Esta es una “decisión politiquera” que carece de los fundamentos técnicos y de una evaluación de la realidad del país. Y las consecuencias seguramente ya empiezan a sentirse porque muchas empresas no podrán hacer frente a este decreto pues sus márgenes de utilidades no les permiten absorberlo. Por un lado, las empresas que venden sus productos o servicios en el mercado local no pueden subir precios porque, para todos es sabido que la economía guatemalteca es abierta, por lo que se debe competir con los bienes importados. En estos casos, la única salida es buscar la reducción de costos vía recorte de personal, así de simple. Nadie va a invertir para perder. Entonces, un incremento salarial viene a agudizar más esa situación.
Y para el caso de las empresas exportadoras, el efecto es más dramático. Por ejemplo, en la industria de vestuario y textil, que da empleo a unos 60 mil guatemaltecos, no puede aumentársele el costo de fabricar las prendas a las empresas transnacionales que las encargan. Si se hace, estas sencillamente se van a otros países, como Honduras o Nicaragua, donde el costo de la mano de obra es más bajo.
Y qué decir de la gran mayoría de guatemaltecos que trabaja en el sector informal. Recordemos que de seis millones que componen la Población Económicamente Activa, apenas un poco más de un millón corresponde a puestos de trabajo formales; quiere decir que cerca del 84% no está cubierto por ningún tipo de prestaciones sociales ni económicas.
En definitiva, creer que por tomar la decisión de aumentar el salario mínimo se va a favorecer a la mayoría de la población y que en un año de elecciones puede atraer más votantes, es un gran error. El Gobierno terminará y cambiará el próximo 14 de enero del 2012, pero las empresas continuarán por muchos años (las que puedan aguantar esta medida). Los que terminarán siendo damnificados son los guatemaltecos que, debido a recortes de personal o a cierre de empresas, se quedarán sin empleo.
Hago referencia a lo que escribió en una oportunidad en La Prensa de Panamá, John Bennett, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas: “el salario mínimo es un instrumento politiquero que pretende resolver problemas socioeconómicos, pero que crea peores. Se supone que a través de este ardid quienes están en el tope inferior de la escala salarial lograrán un mínimo esencial de bienestar. El propósito es noble, pero el instrumento es falaz”.
En Cámara de Industria siempre hemos propuesto a nuestros gobernantes distintos cambios que promuevan e incentiven la productividad. Sin embargo, como es un tema que provoca animadversión entre los políticos, han preferido que esto siga igual.
Para evitar que el punto de vista de Cámara de Industria sea manipulado, hay que dejar claro que nuestra posición no refleja que estamos en contra de que los guatemaltecos obtengan más y mejores ingresos. Por el contrario, estamos convencidos que el mejor camino para incrementar los ingresos para todos es a través de la generación de más y mejores plazas de trabajo formales. Para que esto se alcance es importante atraer más y mejores inversiones locales y extranjeras que estén dispuestas a abrir nuevas empresas, crear nuevos proyectos y ampliar sus operaciones actuales. Y para alcanzar los pasos anteriores es necesario crear las condiciones necesarias; combatir la inseguridad.
La inseguridad es una tarea pendiente de este Gobierno y está en manos del señor Presidente tomar el liderazgo para combatirlo en este último año de su gestión.
Comencemos por el hecho de que los problemas económicos no pueden ser resueltos a través de decisiones politiqueras, aunque estas estén plasmadas en nuestra Constitución y en sus leyes.
Javier ZepedaJavier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala