Esta propuesta de ley incurre en inconstitucionalidades y puede atentar contra la propiedad privada. Es similar a la iniciativa de Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral.
Industria y Negocios
Desde el año pasado se encuentra en el Congreso de la República la iniciativa 3835, Ley de Lugares Sagrados de los Pueblos Indígenas, promovida por diversas organizaciones y presentada por los diputados Ferdy Berganza y Rosa Elvira Zapeta Osorio, entre otros parlamentarios. No obstante, analistas y organizaciones empresariales han expresado sus puntos de vista en torno a esta propuesta, la cual, de ser aprobada, atentaría contra los derechos de propiedad privada establecidos en la Constitución Política de la República.
Aunque aparentemente el propósito sería la conservación de los lugares sagrados y garantizar el derecho histórico, cultural y espiritual de los pueblos indígenas, su contenido es ambiguo y poco realista. De acuerdo con la iniciativa, se crearía un consejo de lugares sagrados, con injerencia para administrar esos “lugares sagrados” que esta misma instancia definiría como tales. En el documento se explica que los lugares sagrados están constituidos por espacios naturales o construidos, considerados de confluencia de energía cósmica para la comunicación con los ancestros; son lugares especiales para la práctica y formación espiritual, filosófica, científica, tecnológica o artística de los miembros de los pueblos indígenas.
Humberto Preti, empresario y miembro de la Gremial Forestal, explicó que con este tipo de definiciones se deja abierto un gran espacio para la interpretación subjetiva. “Es básicamente una fumada”; es una iniciativa inconstitucional porque atenta contra la propiedad privada”, sostuvo Preti. Agrega que, con esta ley, se podría dar el caso de que cierto sector de la población reclamara como lugar sagrado, una propiedad agrícola y expropiársela a su legítimo propietario, violando así el derecho constitucional. Preti describió un caso concreto, de una finca ubicada a la orilla de un pueblo donde hubo un cementerio a donde llegó un grupo de campesinos a reclamarla, argumentando que era de sus antepasados. Como estos casos aparecerían muchos más, añadió el empresario. “Habría que ver qué antepasados son los que tienen derecho de reclamar lugares sagrados”, reiteró.
El analista Alfred Kaltschmitt, también ha criticado la propuesta. “Lo que se interpreta es que el consejo tendría injerencia directa en las investigaciones, manejo y cuido de sitios como El Mirador, Tikal, Piedras Negras, Nakbe o Tintal, entre otros muchos sitios arqueológicos y, por ende, entrar en conflicto con otras leyes como “La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural” y la “La Ley de Áreas Protegidas”, sostuvo Kaltschmitt. El ministro de Cultura y Deportes, Jerónimo Lancerio, en cambio, ha manifestado que es una iniciativa positiva para el país. “De ser aprobada sería un logro de uno de los compromisos de los Acuerdos de Paz y favorecería lo que deseamos los pueblos indígenas”, ha señalado el funcionario.
CIG: Iniciativa adolece de inconsistencias
Cámara de Industria de Guatemala (CIG) considera que es positivo el deseo de encontrar un camino para que la sociedad reconozca y respete aún más la historia y patrimonio de los pueblos indígenas, pero en un ambiente de paz y respeto recíproco entre los demás grupos sociales del país. No obstante, sostiene que esta iniciativa no es consecuente con esos propósitos y adolece de inconsistencias e inconstitucionalidades. CIG reitera que necesario reconocer las diferencias culturales, tradicionales e históricas pero a partir del diálogo entre sus líderes.