Sin control y sin una estructura de gasto público clara, el Gobierno tiene muy pocos argumentos para promover una política fiscal que va a endeudar más a los guatemaltecos.
Para que Guatemala crezca económicamente a los niveles que se necesitan para salir de la pobreza, es importante tener leyes que impulsen el desarrollo rural de forma integral y transparente.
Hace algunos días leía en algún medio escrito que, de acuerdo al Programa Nacional de Competitividad, el Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala necesita crecer a un ritmo del 10 por ciento al año. Esto permitiría que, en dos décadas, alcancemos los niveles de desarrollo que España ostenta hoy en día. Aún así, en las áreas rurales y en muchas partes del país, estoy seguro que se necesitaría mucho más para sacar adelante al país, debido a la falta de oportunidades para crear la formación empresarial que permita el desarrollo humano y sostenible en estas zonas.
Si bien es cierto que en este momento existe una iniciativa, denominada Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, considero que la misma tiene algunos aspectos positivos como la intención de crear un sistema que coordine a las instituciones que ya funcionan en la promoción del desarrollo rural. Sin embargo, la misma contiene varios vicios legales e inconstitucionales que deben ser profundamente revisados y reformados, porque ambos defectos carecen de una integralidad que le permita a los sectores no agrícolas desarrollarse económicamente en un marco de legalidad y respeto a los derechos individuales y del Estado de Derecho.
El éxito que otros países como Colombia, Brasil e incluso Panamá han tenido implementando leyes como ésta se debe a que, además de aplicarse a todos los sectores de la población, cuentan con eficientes mecanismos de fiscalización que aseguran un mayor control y transparencia en su aplicación.
Pero aún más importante es que, para que un proyecto de esta naturaleza tenga éxito, es necesario institucionalizar una instancia con capacidad de cubrir todo el territorio, operar en el mismo y servir de facilitador y de enlace entre las comunidades y el Gobierno, sin duplicar funciones con otros ministerios o Secretarías, como podría ocurrir si se aprueba la actual propuesta de ley que se promueve en el Congreso de la República.
Si queremos realmente generar acciones para que el país logre salir del subdesarrollo, debemos exigir leyes que garanticen la certeza jurídica, la transparencia, el respeto a los derechos individuales y al Estado de Derecho, basados en una verdadera integralidad para crecer a los niveles que se requieren y que permitan sacar adelante al país, por medio de la inversión y el empleo.
Lamentable renuncia
Vaya sorpresa la que nos llevamos los guatemaltecos con la renuncia del doctor Carlos Castresana, Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), semanas atrás. Nos sorprendió no sólo por lo imprevisto de la misma, sino por las denuncias que hiciera en contra del entonces recién electo Fiscal General, Conrado Reyes Sagastume.
Sin embargo, la crisis que generó esta lamentable renuncia tuvo como protagonista a la Corte de Constitucionalidad, que bajo la dirección del licenciado Roberto Molina Barreto, presidente actual del máximo tribunal constitucional, emitió un histórico fallo que permitió revertir los resultados de una batalla que había sido ganada por la corrupción y los intereses de grupos de poder con los que tanto ha luchado la CICIG.
Gracias a grandes guatemaltecos como los Magistrados de la Cote de Constitucionalidad, Guatemala y los buenos ciudadanos, tenemos otra oportunidad de incidir en el proceso de elección de un nuevo Fiscal General, para demostrarles a estos oscuros grupos de poder que aquí somos más los buenos que queremos un país en paz y transparente.
La renuncia de Castresana representa un serio retroceso en el combate a la impunidad y, como sociedad, tenemos que unirnos para manifestar nuestro interés para que pueda continuar acompañando el trabajo de la CICIG y del nuevo Comisionado para que juntos puedan seguir denunciando las ilegalidades bajo las cuales operan todos aquellos grupos de poder que se oponen a que podamos vivir en una Guatemala tranquila y en paz.
Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala