Comenzamos época de lluvias donde hay mayor posibilidad de que se desencadenen desastres naturales, especialmente asociados a huracanes, tormentas, aguaceros etcétera, pero sin descartar sismos o erupciones volcánicas, ente otros.
POR PEDRO TRUJILLO
Una importante preocupación de inversores y ciudadanos en general es qué se puede hacer para reducir esos desastres que año tras año terminan impactando en el país y ocasionando pérdidas humanas y costos millonarios, especialmente cuando no se ha terminado de salir de una situación extraordinaria y ya comienza otra similar. Idéntica inquietud debería ser prioritaria para la administración pública, garante de la seguridad de los ciudadanos.
La tormenta Ágatha ha causado una serie de desastres, donde la pérdida de vidas humanas es el principal aspecto a destacar, además de otros asociados a la infraestructura y las propiedades. La erupción previa del volcán Pacaya vino a complicar el escenario, más por la ceniza y la arena que lanzó y que cubrieron buena parte del territorio nacional, paralizando el aeropuerto, dificultando la circulación y generando caos vial. Si este tipo de fenómenos son imprevisibles ¿qué se puede hacer al respecto?
En los últimos doce años, pasamos por un huracán (Mitch), una erupción volcánica similar a la pasada (1998) y una tormenta tropical (Stan), además de otros eventos menores. La pregunta obligada es qué fue lo que se aprendió y qué acciones como lecciones aprendidas que hoy pudieran haber servido para evitar los estragos.
La primera reflexión a hacer es que posiblemente nosotros seamos el mayor desastre de todos. La administración pública en modo alguno no se toma en serio los temas de prevención que conllevan otros planes de planificación e inversión en materia de seguridad, además de la exigencia y fiscalización de construcciones de infraestructura que luego colapsan a la mínima, algo que ocurre repetitivamente. En relación con el organismo encargado de la prevención de riesgo, únicamente cabe decir que suele estar copado por personas designadas más con criterios de favoritismo político que profesionales y, respecto de lo segundo, las altas comisiones que reclaman los políticos intermediarios que cuentan con los recursos para construir infraestructura pública, termina por destinar a ese rubro, cantidades mucho menores, lo que genera resultados pobres que, luego, a la más mínima presión, colapsan. Todo un proceso de clientelismo de alto coste que se repite con demasiada periodicidad.
¿Cuántas vidas humanas deben perderse para que de una vez por todas entremos a solucionar o mitigar el problema?
El hecho de la “imprevisibilidad” de la catástrofe y de la naturaleza del hecho, posibilitan olvidar y hasta sirven de justificación para difuminar la obligación gubernamental de preocuparse realmente por contar con planes eficientes que puedan enfrentar cualquier eventualidad. En un lugar como en el que vivimos ello debería ser prioritario porque se sabe que ocurre con frecuencia y lo que hoy se enfrente debe ser una lección sobre cómo actuar en ocasiones similares en el futuro. No ha ocurrido, así lamentablemente.
Es importante prestar atención. El colapso de las comunicaciones dejará por semanas o meses, desbastecidos los mercados interiores. Muchas personas no tienen acceso a bienes básicos; los costos de transportes se multiplican, las mercancías perecederas terminan por sucumbir y, en definitiva, se generan importantes costos agregados que inciden directamente en las economías empresariales y familiares, llevándolas a límites preocupantes.
¿Quién querrá invertir en un país en estas condiciones? ¿Qué ocurre con la reinversión de los beneficios empresariales cuando no hay garantías de que se está haciendo lo imposible por arreglar o reducir el problema? Estas y otras preguntas deben formar parte de una agenda política, donde la prioridad en materia de seguridad sea un hecho. Hay múltiples informes de expertos que cifran en un importante porcentaje del PIB los costos de la inseguridad física, ahora habrá que incrementarle el hecho de no querer prever este tipo de situaciones.
El desarrollo del país es producto de la atracción de inversiones y eso no se puede dar en tanto no seamos capaces de contar con planes que permitan enfrentar estas y otras catástrofes naturales. No es únicamente el costo en vidas humanas y el económico que conllevan los desastres, es que nos coloca en una lista de países donde la inversión tiene un importante riesgo y por ello se suele desviar a otros lugares. ¿Aprenderemos de esta o necesitaremos algunos más? La respuesta llegue quizá a finales de año.