TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN: A las puertas de una nueva era para la justicia en Guatemala
Si un guatemalteco se acercara a la Policía Nacional Civil y denunciara alguna injusticia cometida en su contra, la respuesta más probable iría algo así: “»bueno…puede poner una denuncia en el Ministerio Público pero de ahí no pasará.» Con seguridad existe una ley que le ampare, existe un juez competente para conocer su causa y con seguridad se cumplirá con las etapas formales que requiere el proceso de un país democrático, pero de ninguna manera esto tendrá como consecuencia lógica la obtención de justicia. Lo cual nos lleva a una única conclusión: en Guatemala, existe un Organismo Judicial pero no existe un Sistema de Justicia.
Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra sistema significa: “Conjunto de reglas o principios que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”, de la misma manera nuestra Constitución establece como fin último del estado, el orden social en un régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. De más estaría evidenciar la inexistencia de estos fines en nuestra realidad diaria.
Dentro de un marco social el accionar de sus miembros es un reflejo directo de los incentivos existentes (o en su caso, inexistentes). Es decir, desde una perspectiva económica, un ciudadano promedio al evaluar su deseo por actuar dentro del marco de la ley evaluará a su vez la consecuencia de no hacerlo. En este sentido, si el resultado directo del incumplimiento es más beneficioso que el resultado directo del cumplimiento, la opción será evidentemente la primera. Durante este análisis de conducta la persona no examinará lo que establece la ley (el ladrón de autos no verá el Código Penal para evaluar la pena de prisión ahí establecida antes de romper el vidrio y llevarse el radio y el vendedor de maquinaria defectuosa no recurriría al Código de Comercio para corroborar la sanción pecuniaria a pagar previo a cambiar el cheque), las personas seguramente se atendrán al castigo real. En otras palabras, los índices de delincuencia, de incumplimiento de contratos, de violación de derechos y de abuso de obligaciones poco dependen de la ley y mucho del castigo. Esto es algo que en una sociedad presidencialista entendemos a medias. De esta manera acudimos a la figura del organismo ejecutivo como el órgano de los órganos (a pesar que reconocemos abiertamente vivir en una democracia con poderes definidos). Varias veces se escucha al guatemalteco decir que lo que hace falta es un Pinochet o un Franco, la fuerza es la respuesta y no la justicia. Estas ideas, si bien sencillas de entender y aun más sencillas de implementar, no son adecuadas dentro de un Estado de Derecho, en el que la justicia, la libertad y la igualdad son principios imperantes. La alternativa parece clara; fortalecimiento de los mecanismos de implementación de justicia: fortalecimiento del Organismo Judicial. Ahora, el delincuente no deja de delinquir por aumentar la pena de prisión en la ley, el delincuente deja de delinquir por la certeza que tiene de que el castigo establecido en la ley se cumplirá.
El verdadero problema es la irrelevancia en el acercamiento al Organismo Judicial; después de todo vivimos en un país en el que la Constitución asigna un 2% del presupuesto al Organismo Judicial y un 3% al Deporte, en otras palabras: la justicia nos importa en un 2% en relación al resto de actividad pública y en un 1% menos que el fútbol.
Hoy, los guatemaltecos están cambiando esta tendencia. El monitoreo del proceso eleccionario del Organismo Judicial ha tomado relevancia y ha captado la atención del país. La Comisión de Postulaciones es monitoreada de cerca y su actuar es fiscalizado por el pueblo. Quizás finalmente hemos entendido que en nuestro ordenamiento jurídico existen tres poderes y no dos, o uno y que este tercer poder tiene en sus manos más facultades de las que creíamos. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la implementación de políticas de procedimientos judiciales, el control de la actuación de los jueces, la facultad de implementar soluciones reales que hagan de los procesos judiciales una herramienta efectiva que funcione adecuadamente.
Un Organismo Judicial que operara adecuadamente impediría que continuáramos viviendo en un marco de justicia en el que cobrar una deuda tarde en promedio siete años para finalizar, en vez de los pocos meses que señala la ley, impediría que una investigación de un delito dure tres años, cuando no debiese durar más de seis; impediría que viviésemos en un sistema en el que jueces, oficiales, abogados y demás puedan burlar la justicia, la verdadera justicia, por medio de artimañas aparentemente legales. Claro que para poder lograr esto, quienes ostentan estos altísimos cargos deben tener clara esta meta, este fin constitucional de orden social, dejando de lado las riñas internas por luchas de poder o los intereses personales. Los magistrados, custodios de la justicia, los jueces, oficiales de la corte y demás soldados del sistema de justicia pueden evitar que el Banco Internacional de Desarrollo nos evalúe como un país que está más de un cincuenta por ciento debajo que el resto de los países de la región cuando se trata de cumplimiento de leyes y observancia de la Constitución. Y es que el Estado de Derecho es más que una ideología política, es un in dicador, uno, de calidad de vida y de seguridad de inversiones y negocios. Cuando pensemos en el Organismo Judicial, no pensemos en un problema de delincuencia común, pensemos en un problema de deshonestidad a pequeña escala que acumulada lleva a un clima de inseguridad, a una carencia de estabilidad para hacer negocios y en general a una tendencia a no cumplir con nuestras obligaciones, porque total, no hay quien nos obligue.
El reconocimiento de la relevancia del Organismo Judicial a través del interés en la forma en que se elige, asegurando su transparencia y corrección, no es la solución al problema de orden social, pero si es en definitiva un excelente comienzo. Parece ser que finalmente nos estamos curando de nuestra ceguera congénita.