Por: Nicholas Virzi | Decano del Instituto de Liderazgo y Gobernanza ASTRA
Este artículo evalúa el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026. El PGN (Q163 mil, 469 millones) representa no solo un salto histórico en el gasto público, sino también un riesgo inminente para la estabilidad macroeconómica. El PGN 2026 no responde a las necesidades nacionales, priorizando gastos en funcionamiento más que tres veces sobre la inversión productiva. A continuación, se compilan algunas de las principales problemáticas, que se agrupan temáticamente para mayor claridad.
- Aumento desproporcionado del gasto basado en deuda sin priorización efectiva
- El PGN propone un incremento de 41% acumulado desde 2024, el mayor incremento en décadas, sin crisis económica de por medio o priorización de la inversión.
- El déficit fiscal se estima en 3.3% del PIB, tres veces mayor que en 2021, financiado por bonos del Tesoro en un 82.3%. Se proyecta que la deuda pública superará el 30% del PIB, lo cual es insostenible, alcanzando casi 2.5 veces los ingresos fiscales.
- Aproximadamente el 66% del PGN se destina a gastos de funcionamiento, versus el 20% para inversión. Cerca del 20% del PGN depende de endeudamiento para su financiamiento, sin priorización de áreas críticas como infraestructura y seguridad.
2. Opacidad en el proceso de aprobación
- El PGN se aprobó en una sesión de más de 12 horas, con modificaciones de última hora (miles de millones a CODEDES y al MIDES en año preelectoral), sin mayor discusión técnica. Esta acción contraviene las obligaciones establecidas en la Constitución, como la fiscalización, y genera sospechas de uso político, como gasto clientelar en alcaldías y programas sociales.
- Opacidad en la ejecución que facilitará la corrupción
- La ejecución de fondos especiales se llevará a cabo mediante ONG’s que no están sujetas al control y fiscalización estatal, careciendo de auditoría y controles que se ajusten a las mejores prácticas fiscales.
- Se permite usos amplios de saldos sin límites ni mecanismos de reporte. Saldos acumulados se podrán ejecutar sin programación, particularmente en los CODEDES donde la asignación desbordada carece de mecanismos de rendición de cuentas.
- El ICEFI ha emitido una alerta sobre inconsistencias que comprometen la transparencia y el uso adecuado de los recursos, recomendando reforzar los controles para prevenir la corrupción. Según Ricardo Barrientos, director del ICEFI, un centro de pensamiento afín al gobierno, la acumulación de gasto no ejecutado facilita la corrupción futura. Barrientos considera esta situación «incoherente» con el discurso anticorrupción del gobierno, ya que abre la puerta al uso político indebido de las obras y disminuye los controles de calidad.
Oposiciones declaradas
- El Sector Privado
- El CACIF ha instado al Congreso de la República a cumplir su rol de fiscalización post-aprobación, criticando las “excepciones a la ley” y la concentración en entidades “poco transparentes”. CIG ha exigido “decisiones técnicas, no discrecionalidad”. AGEXPORT ha expresado “profunda preocupación” por la ausencia de análisis responsable, mientras CAMAGRO califica al PGN como una “decisión opaca en un año preelectoral”.
- El Sector Público
- El Banguat rechazó el artículo 85 sobre el uso de reservas monetarias (RMI) para financiar la adhesión de Guatemala al CAF, argumentando que contraviene la Ley Orgánica del Banguat al prohibir financiar al Estado directamente. Esta transacción implica cambiar activos en dólares (RMI por acciones CAF), pero genera riesgos contables y de estabilidad sin impacto neto positivo en activos externos. Esta disposición del Congreso trastoca el marco legal, afecta el patrimonio del Banguat y compromete la autonomía y estabilidad financiera del país.
- La Junta Monetaria prepara una acción de inconstitucionalidad contra el PGN por contravenir normas fiscales y monetarias. Esta medida podría invalidar partes del presupuesto, dejando sin vigencia sus disposiciones, pero no enteramente. Se prepara esta acción para anular el artículo 85 únicamente, destacando su potencial para financiar agendas políticas.
Observaciones finales
El PGN 2026 aumenta los gastos de funcionamiento y reduce la inversión respecto a 2025, priorizando lo político sobre lo técnico.
Esto genera riesgos fiscales, clientelismo, burocracia, ineficiencia y corrupción, según el sector privado y analistas. Preocupa especialmente el arrastre del gasto público no ejecutado de 2025, que permite el uso discrecional de fondos y agrava la opacidad.