El 75% del comercio exterior de Guatemala se moviliza por vía marítima. Sin embargo, la infraestructura que sostiene ese comercio no está a la altura: puertos congestionados, carreteras lentas y energía cara encarecen producir en el país. Como Cámara de Industria sostenemos que la ecuación es directa: a mayor infraestructura, mayor inversión. Y hoy esa condición no se cumple.
El costo de mover mercancía es el primer síntoma. Cuando un puerto no opera con eficiencia, el sobrecosto no lo absorbe el puerto: lo absorbe el industrial que espera sus insumos o que no puede embarcar a tiempo. En carreteras, los tiempos de traslado entre plantas y puertos se traducen en costos que los competidores regionales no enfrentan. En energía, se requieren aproximadamente 3 GW adicionales de capacidad para los próximos tres años, y los obstáculos regulatorios siguen frenando la inversión.
“A mayor infraestructura, mayor inversión. La ecuación es directa, pero hoy esa condición no se cumple: el 75% del comercio exterior sale por puertos que no están a la altura.”
El FMI lo planteó con claridad en 2026: la infraestructura pública insuficiente limita el crecimiento potencial y la inversión privada. El presupuesto de capital de ese año se asignó en 3.6% del PIB, apenas un punto por encima del promedio 2022-2024. La brecha persiste.
Desde la industria, la propuesta es concreta: modernizar puertos, ampliar y mantener la red vial, y garantizar capacidad energética con reglas claras. No son proyectos de un solo gobierno, sino condiciones estructurales. La inversión pública debe habilitar la inversión privada, no sustituirla. La urgencia es real: cada año sin resolver estos cuellos de botella es un año de oportunidades perdidas frente a países que sí los resolvieron.
En esta edición encontrará, además, por qué no toda inversión extranjera se traduce en capacidad productiva, el estado del nearshoring frente a otros países de la región, alternativas de financiamiento verde y las experiencias de los ganadores del Premio Industrias Sostenibles.
Por Enrique Font | Presidente de Junta Directiva de CIG