LOS RETOS DE LA SAT
Un año después que se conociera la investigación del Ministerio Público –MP- y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig-, sobre la red de defraudación fiscal denominada “La Línea”, las recién nombradas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- intentan retomar la confianza perdida.
Hablar de recaudación de impuestos es un dolor de cabeza para muchos ciudadanos, pues desde la creación de la SAT Decreto Número 1-98, que entró en vigencia a partir del 21 de febrero de 1998 se han reportado varios casos de corruptela en esa institución, como la condena por lavado de dinero y fraude del ex superintendente Marco Tulio Abadillo. Hoy, dos ex superintendentes más, entre otros altos funcionarios, enfrentan la justicia.
Para el Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, en aras del fortalecimiento de la capacidad fiscal del Estado se han impulsado acciones como la revisión y aprobación de las metas fiscales y el respectivo plan de recaudación. Además, se renovó el Directorio de la SAT, y se nombró nuevo Superintendente. “Se ha articulado una alianza amplia de apoyo integral al nuevo Superintendente, que incluye al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Oficina de Asistencia del Tesoro de los EE UU y GIZ, entre otros. Y se está trasladando un 20% más de recursos financieros para la SAT que en los últimos dos años”, confirmó el funcionario.
Juan Francisco Solórzano Foppa fue juramentado el 9 de marzo reciente al frente de la entidad y en su hoja de vida indica que figuró como investigador del caso “La Línea”, que llevó a los ex gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y a otros altos funcionarios, a enfrentar los señalamientos de defraudación aduanera y corrupción
Solórzano Foppa indicó que la estrategia y planes implementados por la SAT están orientados ahora a incrementar la recaudación, de acuerdo con las necesidades de la institución, de la población y de los contribuyentes. “Se han identificado los principales ejes de trabajo: transparencia de gestión, modernización de procesos y mayores herramientas de apoyo y facilitación de servicios para los contribuyentes”, indicó.
En las aduanas, explica Estrada, se realiza una mejor coordinación con puertos y aeropuertos. En esto coincide Solórzano, quien indica: “Se soporta en un sistema de análisis de riesgo que considera diferentes variables como el comportamiento histórico de las operaciones comerciales y actividad económica, lo que permite seleccionar de forma automatizada el canal que debe seguir la declaración de importación; es decir, si será revisada o no”.
Para Ricardo Barrientos, Investigador Senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –Icefi-: “Hay un daño profundo y no es fácil, rápido, ni barato repararlo.
Implica costos en procesos y tiempo, pero lo más difícil es que se ha roto la confianza ciudadana para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Aunque parece que por fin se inició un proceso, aunque no es completo”.
Según Barrientos, continúan algunas deficiencias como la falta de responsabilidad de los miembros del directorio, a excepción del Ministro de Finanzas. “Es una medida necesaria para corregir errores, pero no resuelve el problema de la recaudación, pues el desafío es depurar la institución de los corruptos sin debilitarla, encontrar un equilibrio para reemplazar con personal capacitado”, señala.
«Desastre»
De acuerdo con varios importadores, internar mercadería al país es prácticamente un“desastre”. Afirman que los primeros retos que las autoridades deben resolver es agilizar el procedimiento burocrático. “Ya en el pasado era posible sacar un contenedor en tres días o menos, pero ahora lo hacen en no menos de una semana y en algunos casos se tardan incluso más de un mes”, indicó uno de ellos.
Los empresarios sostienen que en algunos sectores prácticamente todas las pólizas salen en “rojo”, lo que quiere decir que no hay análisis de riesgo válido. Luego explican los empleados de la SAT no tienen la capacidad de manejar tal volumen de revisiones. “Solicitan información absurda e innecesaria, y realizan hasta tres inspecciones sin coordinación, generando costos por retrasos que llegan hasta US$75 por día por contenedor, pues hay multas a partir de los 5 días.Hay compañías que han llegado a pagar más de US$50 mil por este concepto”, indican.
Estos problemas son los que, a criterio de asociados de CIG, deben de resolver de inmediato las nuevas autoridades.
En busca de reformar la Ley Orgánica
Según Estrada, las reformas buscan un fortalecimiento institucional. “Las acciones se dirigen a recuperar la confianza de los contribuyentes mediante la implementación de medidas que transparenten la gestión. Este es el momento en donde todos los actores deben llegar a consensos y acuerdos, para hacer un cambio de fondo. Además, que se retome el trabajo de luchar contra la pobreza y la pobreza extrema que asecha al país”, enfatizó el funcionario.
Uno de los cambios relevantes que contempla la iniciativa es reformar la Ley de Bancos en relación a permitir el acceso de la información bancaria, en casos tributarios, por orden de juez y a solicitud de SAT, sin existir un proceso penal. Estrada opina que permitirá tener acceso a la información cuando se estime que hay indicios que requieran la verificación de cuentas bancarias.
“Necesitamos una superintendencia que genere competitividad y recursos, y que tenga capacidad de hacer investigaciones sólidas y contrastadas con evidencia. Esa fuerza mejora los niveles de cumplimiento voluntario de los contribuyentes que saben que elegir no pagar o usar tácticas de evasión fiscal traerá repercusiones penales”, explicó Estrada.
Sobre este tema, el jefe de la SAT puntualiza: “El propósito es tener acceso oportuno a la información, principalmente en aquellos casos que sean de interés fiscal. Así mismo, pueda realizarse un cruce con la información que se reporta a la SAT y de esta manera mejorar el análisis de riesgo”.
Para Barrientos la liberación del secreto bancario es un tema en el cual “hay acuerdo”, toda vez se busque el equilibrio justo, sin cometer abusos y sin violentar la protección de los datos privados. El Ministerio de Finanzas y la Comisión de Finanzas del Congreso de la República respaldan la iniciativa.
Entre tanto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –Cacif- en una declaración pública manifiesta su acuerdo: “(…) si se respeta la privacidad que reconoce la Constitución, si se tiene la intervención de un juez para autorizar el acceso a la información y se tiene la trazabilidad de los funcionarios que manejen los datos de los contribuyentes”.
Una gestión transparente
Como parte del plan de acción de un Gobierno Abierto, Estrada indicó que cuenta con acompañamiento de cooperación internacional y sociedad civil a los procesos de planificación de presupuesto, gasto público, riesgos fiscales y contrataciones. “Cumplir con los más altos estándares internacionales de acciones de transparencia en todo lo fiscal, en el marco del Global Alliance for Fiscal Transparency”, señaló el funcionario.
Para Solórzano, el tema fundamental es la creación de una unidad administrativa de inteligencia fiscal que permita contar con análisis de información más asertivos. “Se inició con el fortalecimiento de la transparencia y una acción puntual fue publicar el listado de puestos y salarios de todos los funcionarios y empleados de la SAT; adicionalmente se va a definir una estrategia para implementar planes orientados a reducir las filas en oficinas y agencias tributarias”, comentó.
Solórzano asegura que “durante estos casi dos meses de trabajo a cargo de la SAT, uno de los mayores retos es cambiar la actitud del personal; encontré una moral baja, mala distribución del personal para la atender la demanda de servicios y poca efectividad en fiscalización”, señaló.
Esos han sido, precisamente, los sempiternos retos de la administración tributaria. El tiempo dirá si los renovados esfuerzos de ahora la colocan a la altura de las expectativas de los contribuyentes.