Las instituciones públicas y privadas en América Latina han demostrado gran interés en desarrollar alianzas basadas en procesos participativos e incluyentes, donde las organizaciones a través de cuadros técnicos estuviesen en capacidad de desarrollar políticas públicas que permitan al sector privado generar crecimiento, progreso y bienestar social.
La institucionalidad democrática y las reglas claras son condiciones necesarias para el establecimiento de una alianza público-privada que configure un espacio de intereses común, en donde lo público y privado puedan converger y maximizar la relación costo beneficio.
Los conferencistas que participaron en este foro resaltaron que la clave para reducir la incertidumbre en una Alianza Público-Privada, tiene que ver con la existencia de instituciones públicas y privadas sólidas, transparentes y responsables, así como la existencia a nivel país de seguridad jurídica y económica.
Se destaca que este tipo de alianzas ofrecen beneficios como el de mejorar la salud, educación y negocios en los países, sin embargo es necesario reinventarlas constantemente, encontrar factores de mejoría para que se disminuyan los riesgos e incremente la confianza.
Para realizar una Alianza Público-Privada no es necesario esperar una reforma legal, es más un tema de voluntad política que motive a los involucrados a partir y emprender proyectos, siempre y cuando los cuadros que ambos partes presenten, sean los adecuados para garantizar el fortalecimiento del país.