Gustavo Porras, presidente del Consejo Económico Social, sostiene que no se ha hecho por muchas razones, como escasez de recursos y porque los pocos han sido mal administrados.
¿Cómo abordar, como país, la conflictividad social surgida a partir de inversiones en minería, generación eléctrica o en explotación petrolera?
Hay que invertir más en las áreas pobres del país; no se ha hecho por muchas razones como por escasez de recursos por parte del Estado pero también porque esos recursos han sido mal administrados. Se desperdicia mucho en una burocracia excesiva. Tampoco se ha invertido en estas regiones empobrecidas porque no se le ha dado la prioridad, no se ha medido su impacto y se ha tenido una visión cortoplacista.
¿Son consecuencias que se traducen en falta de empleo pues no hay inversión?
Si alguien hiciera cuentas del costo que ha significado esta conflictividad se daría cuenta de que habría sido una maravillosa inversión sentar las bases para que no ocurriera. No se miran esos aspectos. Cuesta un montón de plata y oportunidades que se pierden.
¿Es un mensaje negativo para el inversionista?
El primer mensaje de estos conflictos es que aquí hay falta de certeza. Por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, el Estado le da al inversionista el usufructo de las aguas pero de ahí en adelante lo deja solo, que mire cómo se abre paso en comunidades que serán reacias o que su primera reacción será el temor. Esto, obviamente, se sube a nivel mundial y se sobredimensiona muchas veces, como ocurrió con una publicación del diario New York Times, donde se informaba que la economía de plantación (caña, palma africana) en Guatemala deja sin agua y sin tierra a los campesinos. Imaginemos lo que nos impacta que este diario ponga en primera plana que somos el país del mundo donde la economía de plantación priva de tierra y de agua a los campesinos.
¿No cree que en Guatemala el problema también se origina porque no se respeta el estado de derecho?
Esa conflictividad significa medidas de hecho. Aquí las leyes pueden ser favorables a la inversión pero lo que prevalece no son las leyes sino las medidas de hecho y eso es otra cuestión que mina tremendamente.
¿Cuánto impacto negativo genera esto?
En el caso de la energía eléctrica, es un factor que incide en pérdida de competitividad, cuando podría ser lo contrario. Guatemala tiene recursos para exportar energía hasta Chile; no se necesita crear una red pues ya existe. Somos el país de América Latina con más potencial hidroeléctrico por superficie y por habitante, y sin embargo no se aprovecha por esa conflictividad. Imaginémonos qué pasaría si por un litigio jurídico se suspendiera la construcción del anillo de transmisión que se concesionó a una empresa privada y que significa una inversión de US$800 millones. Imaginémonos la demanda de una empresa contra el Estado por incumplir sus obligaciones.
¿Y qué decir de las instituciones del Estado en estos casos en los que tampoco se ve certeza?
En las evaluaciones como destino de inversiones también quedamos mal. Eso de que el Congreso tenga paralizada su labor, interpelando al ministro de Cultura, aprovechando los poderes extremos que la Constitución otorga a ese Organismo, también es un factor negativo. Este es un país donde no hay autoridad, donde no hay mando.
¿Cómo aborda el CES este problema de la conflictividad social?
Todavía no abordamos este punto. En el Consejo tratamos de comenzar con los mangos más bajitos, porque uno necesita producir resultados, pero estamos muy metidos en esta materia que de alguna manera incide. Ya somos parte de la comisión tripartita con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También estamos apoyando un paquete de leyes para generar empleo que prepara el Ministerio de Economía y que propone establecer salarios mínimos diversificados, por zonas geográficas.
¿Por qué cree usted que es una buena opción la diferenciación de salarios mínimos?
No podemos pretender que una empresa va llegar a estas regiones pobres a invertir y pagar salarios mínimos –que ahora es como de Q3 mil– a alguien que es analfabeta, que no tiene ninguna calificación y que encima está desnutrido. Eso es completamente irreal.
¿Debe ser menor al que establece la ley?
La idea es que esa gente se contrate con salarios mínimos menores pero formalizados, que gocen de sus prestaciones y tengan seguro social. Además, las empresas deben adquirir obligaciones de capacitarlos; en eso estamos metidos, en la temática del empleo. Esto podría aliviar la presión en el área rural.
Hay quienes dicen que detrás de estas manifestaciones sociales se mueve mucho dinero y manipulación ¿Qué tan cierto es esto?
Se mueve mucho dinero y comienza desde la burocracia de los países donantes. Esa burocracia encuentra en Guatemala temas sensibles y nobles para apoyar. Además, la gente se la tiene que jugar a lo que caiga pues no tiene oportunidades. De ahí que por un pasaje, viáticos y alimentación, van a manifestar. Y si además los espantan al decirles que la empresa extranjera se va llevar el agua del río y los minerales, pues con más razón van. Como decía Mao Tse Tung, “cuando la pradera está seca, una chispa la puede incendiar”; eso es lo que vivimos. También creo que estamos pagando no haber construido una identidad nacional.
