El índice de atracción de inversión minera, elaborado por el prestigioso Frazer Institute, ubica a Guatemala en el puesto 74 de 79 en el mundo, es decir, el país está en el fondo de la tabla.
POR PAULO DE LEÓN / CABI
Central American Business Intelligence (CABI) hizo un estudio sobre el sector minero en Guatemala, abordándolo desde una perspectiva técnica. Se utilizó la evidencia empírica y datos duros como piedras angulares de un sector, acusado por sus detractores en base a lo que denominamos mitos, porque la información y evidencia no los respaldan. Fueron encontradas 13 creencias en el imaginario y que a la luz de lo presentado en el informe, son apreciaciones o afirmaciones falsas.
Cinco de los mitos encontrados
- La minería a cielo abierto sólo se desarrolla en países en vías de desarrollo. En Estados Unidos el 85 por ciento de la producción minera es a cielos abiertos.
- La minería es un negocio fácil y seguro. Nada más alejado de la realidad. Un proyecto completo de minería empieza a explotarse, en promedio, después de siete años de exploración y prospección. Estos dos procesos son costosos y tienen una alta tasa de fracaso, algo así como del 90 por ciento.
- Sólo en los países pobres se explota la minería. Dentro de las empresas más grandes del mundo, están países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otros.
- La minería en Chile es estatal. Esta afirmación es usada para justificar que en Guatemala debería de ser el Estado el productor minero. En Chile, la minería pública no llega ni al 33 por ciento; el resto es privada.
- Las regalías en Guatemala son las más bajas de América Latina. Guatemala está por encima de la media en regalías en relación a otros países. No sólo son brutas pues se calculan sobre el monto vendido y no sobre el margen. En materia fiscal hay que considerar el paquete completo de lo que le queda al Gobierno. Y es que, además de las regalías, aquí hay que pagar Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Único Sobre Inmuebles, entre otros recargos. A diferencia de otros países, en Guatemala no hay tratamiento fiscal favorable a las inversiones, como el arrastre de pérdidas. Este arrastre de pérdidas se permite en todos los países de América Latina, excepto en Guatemala.
El desconocimiento
En suma, es evidente que hay desconocimiento. El índice de atracción de inversión minera, elaborado por el prestigioso Frazer Institute, ubica a Guatemala en el puesto 74 de 79 en el mundo, es decir, el país está en el fondo de la tabla.
Por el lado social, las demandas son parcialmente justificadas ya que de la cantidad de impuestos que genera una mina y que van a parar al agujero negro y oscuro de las arcas públicas, jamás regresan a las comunidades, sino que se concentran en los cascos urbanos. Los ambientalistas se sienten desamparados y desatendidos, nuevamente echando la culpa a la mina por la falta de institucionalidad creíble que certifique, monitoree y sancione cuando ocurre algún incidente ambiental. Este nivel de frustración se complementa con el empresario minero que arriesga su capital ante un escenario adverso en costos, infraestructura, tratamiento fiscal y certeza jurídica.
El sector tiene un gran potencial, hay evidencia que muchas comunidades se han desarrollado entorno a polos mineros. La industria puede hacerlo de manera sostenible, verde y con responsabilidad social si se logra un liderazgo que logre resolver los impases.
A las comunidades debe garantizárseles una porción importante de los impuestos que salen de la mina. Los representantes comunitarios deben tener voz en la administración y asignación de recursos, siempre respondiendo a directrices que mejoren la calidad de vida de la población.