Los tiempos de descarga en las aduanas se han cuadruplicado tras la entrada en vigencia de la nueva ley. La Comisión de Economía del Congreso de la República prepara proyecto de reforma pero su aprobación quedará postergada hasta el segundo período de sesiones del Legislativo. Una comisión interinstitucional trabaja en el reglamento pero de todas maneras serán necesarias las enmiendas.
HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS
Desde el 12 de marzo, retirar un contenedor de las aduanas puede demorar hasta cuatro o cinco días. Los trámites son complicados y engorrosos. Y si alguien no completa bien un formulario, puede ser multado con US$250 (Q1,962). “Los costos se han incrementado hasta un 33 por ciento”, describía José Estuardo Morán, gerente de operaciones de Oceánica Internacional, una compañía de logística de transporte.
El problema ha sido provocado por el “Libro III” o Ley Aduanera Nacional, contenida en el Decreto 10-2012, normativa que establece un rosario de trámites administrativos e, incluso, multas económicas a quienes incurran en simples errores al momento de completar formularios aduanales.
Mientras exportadores e importadores afrontan ese calvario, en las filas del gabinete de Gobierno aún no se explicaban cómo fue posible que pasara en el Congreso de la República una ley (Decreto 10-2012) que en vez de facilitar el comercio exterior, profundizara la “tramitología”. Analistas, ministros y diputados oficiales reconocieron que esta normativa se ha vuelto una tortura y que en vez de simplificar el comercio internacional, lo ha complicado. Como resultado, la competitividad del país se ha venido a pique.
Hasta el cierre de esta edición (15 de mayo), eran largas filas de contenedores aparcados en los alrededores de los puertos, narraron usuarios del transporte de carga. En parte, los problemas también han sido ocasionados porque el personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no fue capacitado para implementar la normativa. Pero en suma, explicaron, ha sido un “daño terrible que se le ha ocasionado a la competitividad del país” pues ahora los costos operativos de las empresas se han triplicado debido a las demoras en los puertos y fronteras aduanales.
Tortuosos trámites
José Estuardo Morán, gerente de operaciones de Oceánica Internacional, una compañía de transporte, relató la odisea en las aduanas. Para empezar, explicó que el personal de la SAT no fue capacitado para implementar la normativa. Luego, la ley es confusa y contradictoria. Por ejemplo, en uno de sus artículos establece que los documentos (facturas) pueden ser presentados en español si el delegado de la SAT así lo determina. Sin embargo, en los países de origen de las compras, estos documentos vienen en inglés. Por lo tanto, no debería de especificarse el idioma, explicó Morán. Todo esto implica demoras que elevan los costos porque suben tarifas en navieras, en portarías y almacenadoras.
La ley también establece que los números de serie de las mercancías, como repuestos de vehículos, deben registrase. Cumplir este requisito implicaría llenar libros con tanto número, lamentó el gerente de operaciones de Oceánica Internacional. Y para terminar de agravar el problema, la ley carece de reglamento (hasta el 15 de mayo).
Pero según él, no todo es negativo. Con esta ley se obliga a toda la cadena que participa en el comercio exterior, a ser más ordenados. No obstante, la ley debe reformarse y adaptarla a la realidad del país. “No estoy en desacuerdo con las multas, pero sí con esos montos”, expuso.
Comisión del Congreso prepara proyecto de reformas
Emmanuel Seidner, diputado oficialista y presidente de la Comisión de Economía del Congreso, reconoció las dificultades que ha provocado la ley. Y para corregirlos, plantea tres rutas. Primero, explicó que se ha pedido al Ejecutivo que prorrogue hasta el 31 de diciembre la exoneración de las multas que establece la ley. El acuerdo vigente vence el 30 de junio. Segundo, apresurar la aprobación del reglamento de la ley, en el que trabaja una comisión interinstitucional que incluye a la SAT, sector privado y el Programa Nacional de Competitividad.
Finalmente, e independientemente de esas acciones, Seidner explicó que la Comisión de Economía del Legislativo ya tiene preparada una iniciativa de ley que reformaría la Ley Aduanera Nacional, contenida en el Decreto 10-2012. La nueva propuesta se enmarca dentro de lo establecido en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca), limitándola exclusivamente a sanciones administrativas. “Queremos que la nueva ley aduanera se circunscriba al tema de sanciones administrativas; incluso, lo del seguro, se sale de las sanciones administrativas y que ha causado muchos problemas, se puede resolver interinamente con una disposición de la SAT de aceptar pólizas globales en vez de una póliza individual por cada contenedor”, agregó el parlamentario.
En la iniciativa que explica Seidner también se establecería que el seguro que ahora se exige a quienes ingresen mercancías en tránsito, sea pagado por la SAT. “Estamos seguros que si la SAT lo hace, lograría una mejor tasa que la que se puede conseguir individualmente”, sostuvo.
Contra el tiempo
Pero por ahora, aprobar una nueva ley aduanera o reforma la vigente está cuesta arriba. Primero, porque la primera parte del período legislativo está por concluir y no hay espacios para promover esa iniciativa. Por consiguiente, el pleno del Congreso la conocería hasta en el segundo período, que sería hasta en agosto o septiembre.
Sin embargo, el Superintendente de Administración Tributaria, Miguel Gutiérrez, aseguró que ya se trabaja en la elaboración del reglamento de la ley para que el mismo cobre vigencia lo más pronto posible. Según el funcionario, con el reglamento se resolverán buena parte de los problemas que hasta ahora se han generado y el comercio internacional será más fluido. Posteriormente, se promovería la reforma en el Congreso, aseguró Gutiérrez.
A su juicio, aunque persiste cierta lentitud en los trámites aduanales, con una serie de medidas administrativas implementadas por la SAT, estas dificultades han disminuido y el tráfico de furgones se ha facilitado. Asimismo, sostuvo que se hacen las gestiones para que el Gobierno central prorrogue la exoneración de multas hasta fin de año.
Algunas multas que establece la ley
- La omisión de pago del tributo será sancionada con el 100 por ciento del importe omitido, más intereses.
- Las infracciones administrativas serán castigadas con una multa de US$250.
- Los transportistas aduaneros también son multados por una serie de errores administrativos que puedan cometer. El valor de estas sanciones es de US$500.
- Multas de US$1,000 a transportistas, auxiliares de la función aduanera, exportadores y a beneficiarios de zonas francas, que incurran en faltas como no reportar la descarga de bultos con mercancías averiadas o con signos de haber sido violadas. En los casos de exportadores que no informen los cambios que se produzcan en los incentivos y beneficios fiscales que le hayan sido otorgados. Esta misma multa se les aplica a importadores que suministren información inexacta o errónea u omita datos en la solicitud de inscripción en el registro o padrón de importadores establecido por la SAT.
Corte suspendió artículo de la “ley anti evasión II”
Desde el 10 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente el artículo 31 del Decreto 4-2012, Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema Tributario y el Combate a la Defraudación y Contrabando (ley antievasión II). Este artículo permitía a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hacer ajustes a los contribuyentes que consideraba que engañaban a la autoridad fiscal. La acción de inconstitucionalidad parcial (solo contra los artículos 31 y 50) fue solicitada por la Cámara del Agro.
Presidente de CIG:
“Se pierde competitividad”
El presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Andrés Castillo, lamentó que la nueva Ley Aduanera Nacional haya sido aprobada de manera rápida y sin que se tomaran en cuenta las recomendaciones emanadas del sector privado. En ese sentido, señaló que “la ley ha ocasionado problemas graves al comercio internacional del país”. Ahora, y lo que queda es que las autoridades aprueben cuanto antes el reglamento de esa normativa y, con ello, se solucionen algunos problemas. Reiteró que otros tendrán que solventarse por medio de reformas que tendría que aprobar el Congreso de la República.
Asimismo y, para evitar que se siga el congestionamiento de furgones con mercancías en los puertos, consideró que es necesario que el Gobierno prorrogue por más tiempo la exoneración de las multas establecidas en la ley. “Sin embargo, eso no quita la lentitud de los trámites”, sostuvo. Además, Castillo consideró que también, parte de los problemas que se han dado en la aplicación de la nueva ley aduanera es porque la SAT se ha demorado en nombrar al Intendente de Aduanas.
En resumen, el presidente de CIG reiteró que según los análisis “es una ley muy mala que ha venido a entorpecer todo el proceso del comercio exterior; y el problema es que cada día que pasa quienes sufren estos problemas son las empresas, el sector privado”, explicó.