La industria farmacéutica había considerado que la anulación de los contratos era ilegal pues los mismos se apegaron a las leyes vigentes.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS
El Ministerio de Finanzas revocó el pasado 21 de febrero un acuerdo que había emitido a principios de ese mismo mes, mediante el cual anulaba la compra de medicamentos por medio de contrato abierto y que ascendían a unos Q2 mil millones.
La cartera del tesoro, a cargo de Pavel Centeno, había anulado la adjudicación autorizada por Junta de Licitación. Había argumentado anomalías en el proceso, como haber incluido un mecanismo distinto al establecido en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado para la importación de medicamentos.
Industria había exigido respeto de contratos
La Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (Grefarma), adscrita a Cámara de Industria de Guatemala y la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), habían rechazado la decisión adoptada por el ministro de Finanzas Públicas. El presidente de CIG, Andrés Castillo, había manifestado que el Gobierno debe respetar la ley y los contratos “que fueron realizados de una forma legal y cumpliendo con los procedimientos que la normativa del país establece”.
Grefarma y Fedefarma sostuvieron que los argumentos planteados inicialmente por el ministro de Finanzas habían sido emitidos sin tener la información completa en torno al tema.
“Por consiguiente, estas decisiones perjudicarán los procesos de transparencia en las compras del Estado”, manifestaron la Grefarma y Fedefarma. Agregaron que “después de haber analizado el contenido de las resoluciones, consideramos que no existen irregularidades ni deficiencias en las bases.
La compra de medicamentos es por unos Q2 mil millones