Gobierno de Pérez Molina tendrá que mejorar el país en muchas áreas para elevar la competitividad.
Guatemala encara el próximo período de Gobierno con impostergables retos en seguridad, educación, salud, infraestructura y, sobre todo, en generación de nuevas plazas de trabajo, sin dejar de lado la urgencia que tendrá la gestión de Otto Pérez Molina de recuperar la confianza de la sociedad en el Estado. Pero esos nuevos empleos sólo pueden ser posibles con más inversiones nacionales y extranjeras. Y es ahí donde entra en juego la competitividad. ¿Qué hay que mejorar? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Acaso es suficiente la estabilidad macroeconómica?
Los resultados de las últimas evaluaciones de organismos internacionales no fueron nada satisfactorias para el país pues quedó relegado a puestos secundarios en índices que cualquier empresa analiza antes de abrir. En la mayoría hubo retrocesos. En el “Doing Business” del Banco Mundial, entre 2010 y 2011, Guatemala retrocedió del puesto 93 al 97 entre 183 analizados. Esta evaluación integra una serie claves para la atracción de inversiones.
Similares resultados obtuvo del Foro Económico Mundial en el Índice de Competitividad Global, en el Índice de Libertad Económica y en el Índice de Percepción de Corrupción.
Lo primero es lo primero
Mauricio López Bonilla tiene sobre sus hombros la gran responsabilidad de mejorar los niveles de seguridad. El ministro de Gobernación aseguró que para generar empleo, principalmente en el sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), el Gobierno le apuesta al combate del delito que más afecta a la sociedad: Las extorsiones, las cuales están ligadas a las pandillas. En ese sentido, aseguró a Industria y Negocios que su primer reto será “ponerlas bajo control”. Luego, explicó que trabajará, desde el primer día, en controlar la delincuencia que opera desde las cárceles. A su vez, prometió más seguridad en el transporte público, en tiendas de barrio, abarroterías y, en general, a todos los negocios que a diario son víctimas de extorsiones. El ministro de Gobernación explicó que, si se controlan las extorsiones, muchas pequeñas empresas van a empezar a florecer, generando pequeños puestos de trabajo que, luego, se transforman en bienestar para muchas familias. “Nosotros vamos por la instalación de mesas de inteligencia, específicamente para ir hacia la estructura criminal”, precisó.
Las acciones
El funcionario habló de controlar las cárceles con un programa específico para evitar, primero, las comunicaciones telefónicas hacia afuera, con lo cual se bloquearían las estructuras criminales. Aunque en el Gobierno de Álvaro Colom se ensayaron esas acciones, sin muchos resultados, López Bonilla aseguró que en su gestión no será lo mismo. “Será un trabajo integral”. “Se van a implementar en los primeros días y, lo segundo, será reducir territorialmente la influencia de las pandillas, entrar a área por área donde se han logrado algunos avances pero hay que fortalecer ese esquema y enfocarse en ellos con mayor presencia policial”.
Pero este programa no se limitará a tácticas policiales. El ministro de Gobernación sostuvo que se fortalecerán los programas de reinserción y prevención de delitos. El Viceministerio de esa cartera mantendrá y fortalecerá el apoyo comunitario que, según él, ha tenido éxito en áreas de la zona 18 y El Mezquital, zona 12. “Le vamos a apostar mucho a la prevención del delito”.
Empleos a reclusos
Otro proyecto que López Bonilla tiene en cartera y que ya se ha implementado en un reclusorio, consiste capacitar a reclusos para que puedan desarrollar actividades productivas. Esa capacitación sería impartida por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP). Por medio de este modelo, los privados de libertad serían los encargados del remozamiento de las propias cárceles y, a cambio, recibirán un pago económico. “La idea es generar toda una actividad económica a lo interno de las cárceles, algo similar a una cooperativa”, explicó. De esa manera no sólo contribuirán al sostenimiento de sus familias sino que, además, conseguirán su reinserción a la sociedad, precisó. “Tenemos que tomar medidas integradas, no aisladas; por lo menos, en el Gobierno estamos garantizando que no habrá improvisación y por eso estamos convocando a muchas personas que ya estuvieron en el Ministerio pues tienen experiencia que nos ayudará mucho”.
¿Y los recursos?
López Bonilla aseguró que, aunque los fondos son limitados, alcanzarán porque el Gobierno está comprometido con la transparencia y el combate de la corrupción. “El problema es que la corrupción ha sido un lastre que ha afectado en algunos casos hasta el 20 por ciento de la ejecución presupuestaria; en seis meses tienen que haber señales suficientes de que todo ha cambiado, es un plazo suficiente para marcar la ruta en las acciones que el Gobierno va a seguir en los próximos cuatro años”.
“En seis meses tiene que haber señales suficientes de que todo ha cambiado”.
–Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación
Imagen que debe cambiar, según CIG
Q10 mil millones en transferencias fantasmas, corrupción y desfalcos al Estado.
Q6 mil millones en pérdidas fiscales debido al contrabando.
Q26 mil millones, costo anual por la violencia.
Más de seis mil homicidios anuales.
US$12 millones en pérdidas diarias por bloqueos en carreteras.