POR MIGUEL GUTIERREZ / CABI
El país se encuentra desbordado de corrupción; las reformas se hacen impostergables.
Parece que Guatemala ha perdido capacidad de asombro ante la destrucción que pueden ocasionar los desastres naturales. El país, con una tormenta tropical, ha quedado semi paralizado. La ausencia de manejo de cuencas y la deforestación, combinada con una infraestructura deficiente, han traído consigo una serie de daños aún sin cálculo.
Hace un año, CABI redujo en 0.4 puntos porcentuales las proyecciones de crecimiento para 2011, dando por hecho la semi paralización por el colapso de la infraestructura ante un invierno copioso. Cuando no existen estándares de medición de la calidad de la obra pública, la discrecionalidad, opacidad y corrupción son la regla; se puede prever que cualquier eventualidad se torna en desastre, como ahora.
Por ejemplo, el polémico paso a desnivel de la carretera a El Salvador, en el kilómetro 12.5 que ha estado bloqueado tanto a la salida como en la entrada por derrumbes. Tuvo un costo estimado de Q26.46 millones y pretendía resolver el peligro de los vecinos de Santa Rosalía hacia la subida. El proyecto, que según cuenta el comité de vecinos, se inició sin contrato firmado y sin idea de dónde saldrían los fondos ¿raro no? tardó diez meses, provocando el retraso de 70 mil autos cada día, al menos una hora. Si se le coloca el costo de combustible de Q30 por vehículo, el costo adicional fue de Q420 millones. Según expertos, con una rotonda o un acceso de Santa Rosalía en dirección a El Salvador, medio kilometro abajo, hubiese sido suficiente, ya que esta comunidad cuenta con 300 familias aproximadamente. Así, con muros de estabilización de las pendientes que hubieran costado Q7 millones, hoy estaría funcionando todo bien, pero como decía el director de una ONG internacional, donde no hay “sobra no hay obra”, había que hacer ese elefante blanco.
La erosión de la calidad del gasto y la inversión pública no es tema de discusión, más bien de medición en cuanto afecta social y económicamente al país. Claramente el legado de los últimos cuatro gobiernos (uno más triste que el previo) se ha concretado en corrupción, que cada vez se torna más rupestre, primitiva y nociva.
Cada acción tiene una reacción y un país no puede crecer ni reducir pobreza cuando la corrupción afecta de una forma tan explícita la calidad de los servicios públicos. El desborde de corrupción y opacidad, que han derivado en el colapso y destrucción de la infraestructura, así como la inanición del sistema hospitalario y de salud. Pero no es el único legado de gestiones públicas tristemente desastrosas, toca en meses próximos un desborde de las capacidades financieras del Estado.
Claramente el país se encuentra viviendo la gestión que, desde el inicio del llamado período democrático, ha contado con las más desastrosas administraciones de las finanzas públicas en término de gasto público, inversión pública, manejo de deuda e ingresos tributarios.
No ha sido sólo el Gobierno que menos inversión ha generado, sino el más opaco y, por tanto, de bajo impacto en el país, vulnerando aun más al territorio nacional frente a fenómenos climáticos. El sistema vial es testigo. En materia de gasto, el sistema de salud es el mejor ejemplo. En materia de deuda pública, el desorden de los vencimientos es sin precedentes, así como el desfinanciamiento del gasto para el próximo año. Y, finalmente, contrario a lo que afirman las autoridades, en términos reales, los ingresos son menores al año 2007.
Ante esta situación, urge una reforma del Estado y de las finanzas públicas que se encuentran enfermas. El país se encuentra desbordado de corrupción. Las reformas se hacen impostergables.