Millonarias pérdidas a pequeños, medianos y grandes productores de todos los sectores han ocasionado los bloqueos en carreteras, acciones que, además, empeoran el clima de inversión del país.
HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS
“No puedo pasar y hoy es un día importante para mí porque debo llegar a la capital a cerrar un negocio”, era la voz de un angustioso guatemalteco que el pasado 14 de abril hablaba desde su celular a una radiodifusora. No podía continuar su recorrido porque en el kilómetro 212 (El Zarco) de la ruta al Pacífico, estaba bloqueado por campesinos. Pero como él, eran cientos de vehículos varados en ese lugar. También se han producido bloqueos y manifestaciones en los kilómetros 113 y 178 de esa misma ruta, además de otros actos similares en la ruta al Atlántico y la carretera Interamericana. Vehículos cargados con frutas, verduras, materia prima, producto terminado, pequeños comerciantes y personas particulares que por uno u otro motivo viajan desde y hacia la capital del sur del país han tenido millonarias pérdidas, por estas medidas.
“Vivimos en una anarquía total”, lamenta Roberto Herrarte, presidente de la Gremial de Fabricantes de Alimentos (Grefal). Aunque es difícil cuantificar las pérdidas, explica que son millonarias para los pequeños productores de verduras, comerciantes, pequeñas y medianas empresas de productos terminados. Además, hay que sumar el costo de hombres/hora varados en las carreteras. “Quién va a querer venir a invertir a este país donde además no tenemos certeza jurídica; mejor se van a otro lado y la población sigue empobreciéndose”, añade Herrarte. Según él, los últimos tres años han dejado millones de pérdidas por este tipo de acciones. “La democracia la volvieron libertinaje; nos están afectando a todos, no solo a los empresarios, es un daño terrible a toda la población y el país que así no puede salir del subdesarrollo”, precisa el presidente de la Grefal.
Los grupos campesinos y maestros recurren a estas acciones para hacer peticiones variadas, las cuales van desde el pago de indemnizaciones por haber participado en las patrullas de autodefensa civil en la década de 1980, aumentos salariales a los docentes, aprobación de una ley de desarrollo rural y hasta la nacionalización de empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica.La reacción de las fuerzas de seguridad ha sido tímida o nula en la mayoría de casos, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ha amparado a las Cámaras de Industria, Agro y de Comercio para que el Gobierno haga prevalecer lo que manda la Constitución y evite que estos actos afecten a la población, añade Herrarte. A la luz de empresarios y analistas, los bloqueos en carreteras atentan contra la propiedad privada, la libre locomoción y, sobre todo, ahuyentan la inversión local e internacional.
Pero no sólo estos bloqueos transmiten un mensaje negativo al inversionista y provocan millonarias pérdidas económicas. También ocasionan un grave daño el derribo de torres del tendido eléctrico de compañías privadas. En los últimos tres años, desconocidos han derribado 12 torres, según la Asociación Nacional de Generadores, dejando como resultado miles de quetzales en pérdidas.
¿Y la Constitución?
José Rolz, presidente de la Gremial de Fabricantes de Papel (GFP), lamenta que estas acciones sean tan frecuentes y que en los últimos tres años el Gobierno no hace valer la ley, incluso, a pesar de una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ha ordenado a las fuerzas de seguridad cumplir con su deber. Rolz dirige una industria de papel en Retalhuleu y estas acciones han perjudicado el desempeño de la empresa. “Es muy difícil trabajar así; sabemos que hay derecho constitucional para que uno pueda manifestarse pero tiene que ejercerse respetando los derechos establecidos en la Constitución”, expone Rolz. Agrega que es lamentable que las autoridades se crucen de manos sin ponerse a pensar en el daño que hacen a la economía. Explica que las empresas nacionales no compiten sólo en el mercado local sino con empresas del exterior. “Nos ha ocurrido que por estas manifestaciones no podemos entregar los pedidos a nuestros clientes y eso nos afecta demasiado porque tenemos que competir con el mundo, con la globalización; si no cumplimos nosotros, otra empresa del exterior sí lo hará y nos saca de mercado”, explica el presidente de la GFP.
“La imagen del país se daña y con esto solo demostramos que aquí no hay certeza jurídica pues no se respetan las leyes, las autoridades no cumplen y no le hacen caso a una resolución del más alto tribunal de justicia como lo es la Corte de Constitucionalidad y eso si que es grave”, expresa el empresario. “Con un clima como el que tenemos, no se pueden generar empleos y la gente simplemente deja de invertir”, precisa Rolz.
CIG: Debe respetarse la propiedad privada
El director ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, sostiene que el sector industrial respeta el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente, siempre y cuando no se obstaculice la locomoción del resto de guatemaltecos. Agrega que es primordial tener en cuenta el respeto al ser humano y a la vida, siendo condenables todas aquellas manifestaciones que se dan de manera violenta y que únicamente logran confrontación y división entre la sociedad. En ese sentido, Zepeda explica que cualquier manifestación debe darse en un marco de respeto a la propiedad privada y que no se caiga en actos de vandalismo, amparados bajo la sombrilla de la libertad de manifestación. Asimismo, considera que este tipo de actos van más allá del impacto económico ya que se extienden a la pérdida de competitividad del país, desestimulan la inversión extranjera, dañan la imagen de Guatemala ante la comunidad internacional, disminuyen la productividad, afectando la industria, comercio, agricultura y demás actividades generadoras de desarrollo.
Imagen negativa
Fernández reitera que la imagen que el país transmite con estos actos es muy negativa, no sólo por el derribo de las torres sino también por los bloqueos que se han realizado en carreteras para evitar el paso a proyectos de generación de energía en construcción. “Guatemala está dando la imagen de no ser un país confiable para invertir; a los empresarios se les pide ciertos requisitos antes de realizar una inversión y, aún, cumplido con todos los requisitos que la ley exige, se ve en medio de este tipo de hechos, sin que se puedan detener a los delincuentes”, lamenta el presidente de la ANG.