Mucho se habla de la necesidad de fortalecer las instituciones públicas. Algunos, incluso, confunden la fortaleza institucional (y por ende del Estado) con el crecimiento de aquel, sin que haya una relación entre ambas, más bien una oposición.
Es preciso –y en eso casi todo el mundo está de acuerdo– que hay que reforzar, consolidar y anclar la mayoría de las instituciones, de lo contrario la fragilidad de las mismas hace que lleven un rumbo que se desvía en función de la deriva que imprimen los intereses políticos de turno.
El fortalecimiento pasa por crear un cuerpo profesional de funcionarios públicos, lo que se ha venido contemplando como la Ley de Servicio Civil. Un grupo de técnicos de la administración que, previa selección por méritos, permanezcan en sus plazas y le den continuidad y profesionalismo a ciertos puestos de trabajo, consiguiendo, a la vez, generar un servicio de calidad para el ciudadano que acude a realizar cualquier consulta o gestión. Esos puestos no pueden ser removidos políticamente, sino como consecuencia de ineficiencia o como sanción a conductas no apropiadas, por tanto quedan fuera del actual mangoneo político y pago de favores a amigos, allegados y otros parásitos que pululan alrededor del “rentismo” político de quien llega al poder.
Comenzar por los órganos de justicia y seguridad, representa el primer paso en esta línea, porque son aspectos que en su artículo dos la Constitución manda procurar. La carrera judicial, pero también de la administración de justicia es un tema pendiente que ningún Gobierno aborda precisamente porque dejaría de contar con puestos para ofrecer a sus seguidores. El modelo de carrera en Relaciones Exteriores sería otro al que habría que entrarle con cierta prioridad, puesto que la representación externa y las relaciones con otros actores demandan ese toque de profesionalismo y no de improvisación cada cuatro años. El modelo policial y militar en el que se aseguren los derechos de los funcionarios más allá del capricho del mando que puede cambiarlos a su libre albedrío, son otros de los factores que institucionalizan los Ministerios de Defensa y de Gobernación, al separar la altísima dependencia de policía o del militar de sus jefes y acercarlos a los ciudadanos que, en definitiva, son a quienes deben servir. El funcionariado de la administración de Gobierno, en general: Ministerios, Secretarías, etcétera, precisan también de atención prioritaria. Esa asignatura pendiente viene coleando desde hace tiempo. Todos hablan de la necesidad de realizar reformas en ese sector y parecen ser conscientes de ello. Una cosa es el discurso y otra la acción, aunque la ciudadanía debería obligar a que cumplieran, por lo menos, aquello de “haz lo que digo y no lo que hago”.
Es hora de meditar con la almohada si de verdad impulsaríamos un proyecto como este o preferimos seguir como estamos.
Otro mal agregado al sistema que comentamos es que ante la incertidumbre de la duración en el puesto público, frecuentemente asignado por favor, se incentiva a quienes lo ocupan a hacer todo lo posible en ese lapsus por despilfarrar los recursos, dotarse de beneficios: carro, teléfono, seguro médico etcétera o, en el peor de los casos, aunque demasiado frecuente, robarse el dinero directamente para poder “sobrevivir” en un incierto futuro. Un ejemplo de este Gobierno son los cinco ministros de Gobernación, los correspondientes viceministros y directores de la PNC y los desastrosos resultados en materia de seguridad. Esa sencilla correlación es también aplicable a Salud, Educación, Medio Ambiente, Comunicaciones y un prolongado etcétera.
Es hora de emprender cambios de estructuras fracasadas por las que diariamente pagamos un alto precio en vidas humanas y en recursos económicos. Está en nuestras manos, pero debemos de verdad desearlo. Pensemos en ello, en los beneficios que nos traería y en cómo la institucionalización de las actuales organizaciones disfuncionales mejoraría sensiblemente el país ¡Démosle pues!, ¿a qué esperamos?