Mar-11 Burocracia: Extorsiones institucionales

POR SIGFRIDO LEE

A cuántos no nos ha sucedido que, repentinamente, nos aparece una multa o infracción sobre la que estamos más que seguros que no

cometimos o, al menos, que no nos merecemos.

Extorsión, según el diccionario de la Real Academia Española es, en una de sus acepciones, “presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido”. Lamentablemente, hoy en día, esto es demasiado común en nuestro país. No hay día que no pase sin que oigamos de extorsiones por dinero en contra de los transportistas, comerciantes e incluso a humildes familias. Estos son criminales que, muchas veces desde la misma cárcel, amenazan con provocar algún daño o la muerte, si el desafortunado extorsionado no paga lo exigido.

Claro está, este es un comportamiento propio de criminales. En ningún momento esperaríamos este comportamiento del Estado. Indistintamente de lo que pensemos de algunos funcionarios y su honorabilidad, el Estado, como institución, está creado para proteger a los ciudadanos y no para extorsionarlos.

Sin embargo, la extorsión desde el Estado resulta ser una práctica más común de lo que pensamos. A cuántos no nos ha sucedido que, repentinamente, nos aparece una multa o infracción sobre la que estamos más que seguros que no cometimos o, al menos, que no nos merecemos. El problema surge cuando nos damos cuenta que pagar la inmerecida multa, tasa, mora o impuesto, resulta más barato que pelear la injusticia sufrida. Callada la boca sacamos la billetera, pagamos y nos tragamos la cólera; al menos el delincuente de la calle tuvo la delicadeza de apuntarnos con un arma para asaltarnos.

El coraje es mucho aunque el dinero no tanto, sino probablemente lo hubiéramos peleado. Empero, de cuánto dinero “malhabido” se hace el Gobierno de esta manera, cobrando multas injustificadas, impuestos no causados, tasas o arbitrios inconsecuentes, etcétera. Ante su propia ineficiencia, resultamos los ciudadanos pagando y el funcionario público continúa impune, sólo por que resulta más barato que iniciar cualquier querella.

No es de extrañar que, cuando se trata de hacer comparaciones internacionales de competitividad, uno de los factores más importantes es la tramitología: cuánto se tarda alguien en registrar una nueva empresa, cuáles son los trámites para obtener una licencia de construcción, cuánto cuesta autorizar una bodega y así son muchos los ejemplos. Tal vez, algunos de estos trámites no son los más relevantes, pero ya nos empiezan a dar una idea de los sobrecostos que la ineficiencia burocrática impone sobre el quehacer de las empresas y los ciudadanos.

Cuánto tiempo y dinero se desperdicia haciendo colas, esperando un sello, llenando un formulario, solicitando una firma, todo sin tomar en cuenta los pagos injustificados. El colmo es encontrar gente que, más que tramitador, simplemente se especializa en hacer colas. Mientras uno empieza un trámite, se le paga a otro para que inicie la cola del siguiente trámite.

Estos costos tienen impactos muy importantes en la economía de un país. Al final de cuentas resulta que es más barato actuar al margen de la legalidad. No necesariamente se están realizando actividades ilegales, sí son legales pero realizadas de manera ilegal. Esto es la informalidad y sus repercusiones son muchas: menos impuestos, condiciones laborales inadecuadas, desintermediación financiera, promoción de actividades ilegales y, por supuesto, menor desarrollo. En nuestro país se estima que la informalidad es una tercera parte de la economía. Esto ya debería ser un llamado de atención y entender que algo está mal.

“El colmo es encontrar gente que, más que tramitador, simplemente se especializa en hacer colas”.

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