Sin control y sin una estructura de gasto público clara, el Gobierno tiene muy pocos argumentos para promover una política fiscal que va a endeudar más a los guatemaltecos.
Jean-Jaques Rousseau decía en su afamado Contrato Social que “para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos al gobernado y al gobernante (…) que ambos deben comprometerse a cumplir”. Cito esta frase porque me parece oportuno mencionar que lo dicho por Rousseau en el año 1792 es algo que, en pleno 2010, en Guatemala pareciera haberse olvidado.Si revisamos el compromiso que como guatemaltecos adquirimos al vivir en democracia, nos daremos cuenta que, desde hace mucho tiempo, los que hemos cumplido hemos sido los gobernados que pagamos tributos. Al votar y elegir libremente a nuestros gobernantes, seguimos apoyando al Estado para que nos proteja y defienda y, aún así, hasta la fecha, se ha recibido muy poco a cambio.
Desde el punto de vista contractual no parece un compromiso justo si tomamos en cuenta que de todo el dinero que se les paga a los gobernantes solo un pequeño porcentaje del mismo llega a la población, como servicios en salud, educación, seguridad e infraestructura. Incluso hoy seguimos sin saber realmente en qué se utilizan nuestros fondos y lo peor es que cuando se les piden cuentas y se les cuestionan sus gastos, nuestros gobernantes arremeten contra nosotros los gobernados quienes, al final de cuentas, somos a los que nos tienen que rendir cuentas.
Sin embargo, poco parece importarles a nuestros gobernantes el seguir endeudándonos; deuda que tendrán que pagar nuestros nietos y bisnietos porque se les olvida que éstas sí se heredan. Sin transparencia y sin una estructura clara del gasto público, a lo que estamos encaminados es llegar a niveles críticos como los de algunos países que mantienen déficit fiscales que no son sostenibles. Me pregunto entonces, ¿será esto parte del compromiso que hemos adquirido con estos gobernantes?
En tan sólo dos años y medio de haberles dado la responsabilidad de gobernar el país, las deudas contraídas por este gobierno nos han llevado a los niveles históricos más altos, tanto en el monto como el nivel de la deuda como porcentaje del PIB. Hasta el momento acumulamos una deuda de Q72 mil millones y los guatemaltecos seguimos sin poder caminar tranquilos en la calle, sin tener certeza de contar con una cama en un hospital en caso de enfermedad o sin pupitres para que nuestros niños puedan sentarse y estudiar dignamente en las escuelas.
¿De qué compromiso hablan entonces nuestros gobernantes si no existe transparencia, ni controles, ni techos presupuestarios para moralizar el gasto público? No lo sé, pero mientras siga existiendo corrupción, negligencia y despilfarro, va a ser muy difícil que exista un verdadero contrato con el cual los gobernados nos podamos sentir conformes.
Estamos seguros que si se combatiera la corrupción y el despilfarro que hay en el gasto público y se promoviera un gasto basado en resultados y ejecutado con transparencia y eficiencia, se podrían liberar miles de millones de quetzales que se deberían traducir en servicios para todos los guatemaltecos. Para caminar en esa dirección se requiere de voluntad política, la cual ha faltado en todos los gobiernos. Sin embargo, todos los guatemaltecos que pagamos impuestos estamos en nuestro derecho de exigir transparencia y eficiencia en el gasto público. Adicionalmente, el Gobierno debe promover una competencia leal entre agentes económicos, a través de formalizar a los informales, por medio de políticas audaces y agresivas.
Sin lugar a dudas en Cámara de Industria de Guatemala seguimos comprometidos en continuar cumpliendo con nuestros compromisos, pero nos gustaría ver que por parte de nuestros gobernantes también exista esa responsabilidad de querer cumplir con sus gobernados.
Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala