“De ninguna manera el Estado debe ser sombrilla para una corrupción generalizada”
Durante un foro fiscal organizado por el Ministerio de Finanzas Públicas y en el que participaron el BID y la Cepal; el presidente del Cacif, en ese momento, Jorge Montenegro, abordó con los medios de comunicación el tema fiscal. A continuación, un resumen de la postura expresada por Montenegro.
Industria y Negocios
¿Cree que el Gobierno puede atender las prioridades del país sin necesidad de una reforma fiscal?
La recaudación de impuestos se puede incrementar en orden de un tres por ciento este año, focalizando su inversión en salud, educación, seguridad, cumpliendo así con lo que debe hacer. Pero consideramos que debe tener fortaleza para dirigir los recursos prioritariamente, siendo efectivo, eficaz; de ninguna manera el Estado debe ser sombrilla para una corrupción generalizada en todo lo que son contratos. Hay que generar una estructura que elimine este flagelo de una vez por todas porque son muchísimos recursos del esfuerzo fiscal de los guatemaltecos que se pierden sobre la mesa en todos los contratos. Es “vox populi” que en una gran parte de los contratos hay porcentajes (comisiones) del diez, 15 y 20 por ciento. Esa plata que se queda en las mesas no debe existir, se debe utilizar para la inversión social. No es justo que vayamos a cargar a quienes sí pagan sus impuestos mientras que por otro lado se están desperdiciando los recursos de la manera que estoy señalando.
¿Cómo analiza la postura del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el tema fiscal del país?
El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, no se refirió al tema de corrupción, tocó otro tipo de temas. Él mencionó que hay quienes argumentan que nunca es momento para una reforma fiscal pero ese no ha sido el lenguaje del sector privado.
¿Qué opinión le merecen los argumentos del ministro de Finanzas en torno al paquete fiscal que se promueve?
Respetamos al ministro, es un buen técnico. Lo que como guatemaltecos debemos pensar es qué queremos para el país. ¿Queremos un Estado enorme, que no sea eficaz para promover la competitividad del país en torno al comercio internacional? o ¿queremos un Estado más pequeño y eficiente en atender las necesidades prioritarias sociales, promoviendo la competitividad, dejando que el sector empresarial de la micro, pequeña, mediana y grande empresa, se vuelquen para lograr la competitividad?.
¿Cómo debería el Gobierno demostrar transparencia y eficiencia en el gasto?
Lo que nosotros creemos es que el Estado debe ser muy cuidadoso en el gasto porque los recursos son escasos; no hay que dar lugar a la dilapidación de un solo centavo de la contribución de los guatemaltecos. Creemos, como ya mencioné, que la recaudación debe ser mayor porque se necesitan recursos para invertir en las áreas prioritarias. Lo que no compartimos es tener un Estado que sobredimensione su presupuesto. Actualmente, el Congreso de la República, al dejar un presupuesto de Q50 mil millones para 2010, contradijo la posición del Ministerio de Finanzas que solicitó un presupuesto de Q47 mil millones y que consideró que era un monto razonable para cumplir todos los compromisos asumidos.
¿Se mantiene la postura del sector privado de mantenerse en las mesas de diálogo?
El sector privado ha demostrado, hasta la saciedad, que llegó a esas mesas con todo, menos con la idea de no ceder. En esas mesas se han propuesto una serie de medidas que realmente permitan que el Estado incremente sus ingresos y, por otro lado, hemos sido un sector responsable y serio en no abandonar las mesas ante el incumplimiento de la palabra empeñada por el Gobierno de fomentar y priorizar los consensos antes de ir al Congreso con un proyecto de ley que no estuviera consensuado.
El BID apoya al Gobierno porque considera que la carga tributaria es muy baja, ¿Es realmente así como lo pinta este organismo?
El BID tiene una visión externa y ve sólo los números macro pero con los mismos impuestos casi llegamos a una carga fiscal del 14 por ciento del PIB. Cuando se dice que ahorita tenemos un 10 por ciento de recaudación y que en un momento dado tuvimos el 13 por ciento, no se toma en cuenta el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) que cobran las municipalidades. Tampoco se incluye el pago del seguro social que pagan las empresas y las personas individuales; esas cargas no se miran desde afuera.
¿Qué opinión le merece que el Gobierno no toma en cuenta el pacto fiscal firmado hace diez años?
Es un pacto que se desperdició. En ese acuerdo estuvieron representadas 140 entidades de la sociedad civil, sector público y del empresariado, dialogando durante los años de 1999 y 2000; se llegó a acuerdos que contemplaban incrementos y modificaciones a una serie de impuestos pero, sobre todo, hubo acuerdos sobre la integralidad que debe tener una reforma fiscal. Esa reforma, cuando fue sometida al Gobierno de turno, la rechazaron, porque no aceptaron que se pudiera fiscalizar la calidad y transparencia de la inversión. El actual ministro de Finanzas fue uno los actores y participantes activos en ese proceso de diálogo.
Se habló en el foro que los impuestos directos son muy pocos en Guatemala, así como de las excesivas exenciones ¿Comparte usted ese criterio?
En ese tema sí disentimos con lo expresado por la representante de la Cepal. En Guatemala la carga de impuestos directos tiene la misma proporción que la de otros países de América Latina. En cuanto a las exenciones creemos que una buena parte podría irse disminuyendo, sin embargo, tristemente muchas son constitucionales, por lo que es difícil revertirlas.
“Es vox populi que en una gran parte de los contratos hay porcentajes (comisiones) del diez, 15 y 20 por ciento.”
“Lo que no compartimos es tener un Estado que sobredimensione su presupuesto.”
“El pacto fiscal se desperdició. En ese acuerdo estuvieron representadas 140 entidades de la sociedad civil, sector público y del empresariado, dialogando durante los años de 1999 y 2000.”