Por: Francisco Cárdenas | Director Estratégico, GREMIAGRO
Max Weber entendió la burocracia como un sistema racional-legal que brinda certeza y previsibilidad. La gestión pública moderna amplía esa idea: además de cumplir la ley, debe orientarse a resultados, servicio al usuario y mejora continua. En ese marco, regular bien no es regular más, sino regular mejor.
Hoy, el sector de agroquímicos en Guatemala ya cumple con reglas exigentes del MAGA y con Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA) para fertilizantes, plaguicidas y etiquetado. Al mismo tiempo, avanzan múltiples frentes de actualización que, si no se coordinan, pueden convertir la buena intención en obstáculos: el Listado de Precursores Químicos y Sustancias controladas, la revisión del RECSA y el Listado Taxativo, proyectos de RTCA en discusión regional y, entre otros, el Reglamento de Especies Estancadas.
Además, hay disposiciones conexas sobre transporte, almacenamiento, seguridad industrial, gestión de residuos y comercio exterior. Son ejemplos dentro de un panorama más amplio que añade costos, tiempos y trámites, con riesgo de frenar siembras, cosechas y abastecimiento. Todo esto ocurre en medio de una crisis de infraestructura, carreteras deterioradas y puertos saturados, que ya encarece la logística.
La salida no es “menos ley”, sino mejor gestión».
Necesitamos reglas claras y coherentes entre instituciones, definidas con diálogo técnico temprano y con plazos de entrada en vigor previsibles: la industria y el comercio requieren tiempo para adaptarse, no cambios repentinos. En paralelo, urge un e-government real: trámites 100% en línea, un solo expediente digital, posibilidad de seguir el estado del trámite en tiempo real y ventanilla única para no repetir la misma información en varias oficinas. Metas de servicio con plazos de respuesta conocidos y tableros públicos de desempeño hacen toda la diferencia.
Además, una regulación basada en riesgo permite concentrar controles donde más se necesita y simplificar donde no, algo crucial porque muchas materias reguladas impactan también a químicos industriales, alimentos y bebidas, farmacéuticos y cosméticos.
Cumplir la ley es innegociable. Hacerlo con previsibilidad, eficiencia y co-creación público-privada es la vía para proteger salud y ambiente, mientras impulsamos la competitividad agroindustrial de Guatemala.