Por: Carlos Esteban Castillo Franco | Coordinador de Contenido Editorial de Cámara de Industria de Guatemala.
Durante décadas, los puertos de Guatemala han sido piezas fundamentales en el movimiento del comercio exterior, pero también testigos silenciosos de una deuda estructural y de la ausencia de una visión nacional que los articule como un verdadero sistema. Cada puerto ha funcionado como una isla administrativa, con sus propios ritmos, reglas y prioridades. Esa fragmentación ha impedido que el país construya una estrategia logística sólida, capaz de responder a la velocidad con que avanza el comercio global.
Hoy, cuando la competitividad se mide también por la eficiencia con la que una nación mueve sus productos, la conversación sobre los puertos ha cobrado nueva relevancia.
La infraestructura portuaria no es solo un asunto técnico o económico, sino un punto de inflexión en la ruta hacia un país más integrado, predecible y atractivo para la inversión».
Un país que necesita planificar su conexión con el mundo
Guatemala tiene ante sí la posibilidad de ordenar su desarrollo portuario bajo una sola dirección técnica, moderna y transparente. El sector privado organizado ha insistido en que el país necesita una autoridad portuaria con capacidades reales de planificación y coordinación, capaz de diseñar un Plan Nacional Portuario que vincule las inversiones con el desarrollo territorial, la infraestructura vial, energética y logística.
El modelo actual ha mostrado sus límites. Las operaciones portuarias enfrentan cuellos de botella que encarecen los costos, generan retrasos y restan atractivo al país frente a sus competidores regionales. Según análisis recientes, las ineficiencias en la cadena portuaria podrían representar pérdidas de hasta US $100 millones anuales.
Modernizar los puertos es, entonces, un acto de competitividad. Es reconocer que sin una infraestructura logística eficiente, el esfuerzo productivo de miles de empresas pierde terreno frente a economías que han entendido que mover un contenedor a tiempo es tan importante como producirlo.
Hacia una rectoría técnica, autónoma y moderna
El sector privado organizado ha planteado con claridad los principios que deberían guiar una ley moderna de puertos. Entre ellos, una gobernanza técnica y sostenible, capaz de coordinar las acciones de las distintas instituciones involucradas en el funcionamiento del sistema. Una autoridad autónoma que pueda planificar con independencia, garantizar continuidad más allá de los ciclos políticos y velar porque los recursos se inviertan con transparencia y visión de largo plazo.
La propuesta no busca sustituir lo que ya existe, sino articularlo. Implica construir una institucionalidad capaz de integrar a todos los actores que intervienen en la cadena portuaria como aduanas, seguridad, sanidad, ambiente, economía, etc. De esta coordinación depende la eficiencia de los puertos, pero también la credibilidad del país ante los inversionistas que evalúan su capacidad logística y normativa.
Una rectoría moderna permitiría también planificar la expansión de los servicios portuarios con criterios técnicos, asegurando que cada inversión responda a una estrategia nacional y no a decisiones aisladas. De esa visión depende que Guatemala pueda convertirse en una plataforma logística regional.
Inversión, innovación y certeza jurídica
La nueva ley debe concebir a los puertos como espacios de inversión y de innovación. No basta con mejorar muelles o ampliar los patios de contenedores; se trata de crear las condiciones para que el capital público y privado confluyan bajo reglas predecibles y transparentes.
El sector privado organizado ha planteado que las tarifas portuarias deben definirse con criterios de legalidad y proporcionalidad, de modo que reflejen la calidad del servicio y aseguren la competitividad regional. Al mismo tiempo, se propone un modelo de financiamiento sostenible que no dependa de transferencias discrecionales ni de ingresos extraordinarios, sino de una estructura sólida, autosuficiente y bien fiscalizada.
Detrás de cada una de estas propuestas se encuentra el principio esencial de construir confianza. Solo con certeza jurídica y transparencia se atraerá la inversión necesaria para modernizar la infraestructura portuaria y sostenerla en el tiempo.
Orden, continuidad y visión
Transformar el sistema portuario exige un proceso gradual y responsable. Una transición que respete los contratos vigentes, preserve la estabilidad del recurso humano y mantenga la seguridad operativa. El sector privado propone que esta transición se realice por fases, con diagnósticos claros, metas verificables y mecanismos de seguimiento que aseguren la continuidad institucional.
La experiencia demuestra que los grandes cambios no se logran con decretos, sino con estructuras que resisten el paso del tiempo. Un sistema portuario moderno no puede depender de voluntades individuales, sino de instituciones fuertes, con servicio civil profesional y capacidad técnica.
Solo así será posible garantizar que las inversiones se mantengan, que los proyectos se ejecuten y que los puertos operen con altos estándares de eficiencia, transparencia y sostenibilidad.
Una ley con visión de país
Actualmente, en el Congreso de la República se discuten dos iniciativas orientadas a crear una Ley General del Sistema Portuario Nacional. Desde el sector privado se espera que el resultado de ese proceso legislativo dé al país una norma moderna, con visión técnica y fundamento económico, que responda a las verdaderas necesidades de desarrollo.
Cámara de Industria de Guatemala y sus gremiales han participado activamente en los espacios de diálogo técnico, aportando criterios basados en la experiencia empresarial y en las mejores prácticas internacionales. El propósito es contribuir a que la ley nazca sobre bases sólidas y realistas, con la mirada puesta en el largo plazo.
Si se aprueba una ley bien diseñada, Guatemala podrá ordenar su sistema portuario, fortalecer la confianza de los inversionistas y posicionarse como un nodo logístico regional. Pero si el debate se diluye, el país seguirá pagando el precio de la fragmentación, la falta de planificación y los sobrecostos que restan competitividad.
La oportunidad que no puede esperar
El desarrollo portuario es la puerta de entrada y salida del comercio guatemalteco. Cada día que un contenedor se retrasa, cada hora que un barco espera espacio para atracar, es un recordatorio de lo mucho que un país puede ganar si logra ordenar su sistema portuario.
La infraestructura es la base física de la competitividad».
En ella se sostiene la productividad, la inversión y la capacidad de conectar a Guatemala con el mundo. Hoy, el sector privado propone una visión, la de un país que entiende que la eficiencia logística no es un lujo, sino una condición para el desarrollo.
El momento es ahora. Modernizar los puertos no es una meta técnica, es una decisión estratégica. Una ley bien concebida puede abrir el camino hacia un futuro más competitivo, sostenible y conectado. Y si algo ha demostrado el sector privado organizado, es que está dispuesto a ser parte activa de esa transformación.