Por Iris Ibeth Pérez
¿Qué están haciendo los guatemaltecos para salir de la crisis? Es una cuestionante que se repite en las últimas semanas, incluso a nivel internacional, debido a que en la actualidad el manejo y administración pública es fuente de sospechas y causa de corrupción, mientras las instituciones del Estado no han tenido la capacidad de garantizar el uso transparente de los recursos.
Luego de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig-, destaparan casos de corrupción al más alto nivel, que mantiene en proceso penal a la ex vice presidenta de la República, Roxana Baldetti, y al mandatario de la Nación, Otto Pérez Molina, se han consolidado diversos esfuerzos para combatir este flagelo.
El Movimiento Ciudadano contra la Corrupción nace ante la urgencia de actuar, activando a la sociedad, “en su responsabilidad y obligación de tratar el tema de falta de transparencia y corrupción en el uso de los recursos públicos”, según el sitio oficial.
Además, buscan facilitar una alianza de actores sociales que permita exigir en colectividad, con credibilidad y representación social, una actuación correcta y honesta al sector público. Los objetivos del movimiento es construir un contrapeso moral y efectivo al estatus quo de transparentar la gestión y sancionar los actos de corrupción.
“Distintos sectores del país nos reunimos para hacerle frente a un tema que por muchos años ha sido el principal problema del país, y no se ha abordado de una forma conjunta. Lamentablemente, está vigente, no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica, y esperamos que el esfuerzo dé sus frutos”, enfatizó Javier Zepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala –CIG-.
Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –Cacif-, indicó que la importancia radica en que es un movimiento auténticamente ciudadano. “Surge de la necesidad de luchar en contra de un flagelo en común. El trabajo es poner la mira al largo plazo, que no se resuelve con temas de coyuntura”, aseguró.
Para los diversos actores participantes es importante rescatar y construir “institucionalidad” capaz de transparentar sin protagonismos personales a través de decisiones por consenso. Tras siete reuniones plenarias se ha logrado definir las primeras líneas de trabajo. Algunos integrantes del movimiento son Fundación para el Desarrollo –Fundesa-, Movimiento Cívico Nacional -MCN-, Madres Angustiadas, Primero Guatemala, y Jóvenes por Guatemala, entre unas 20 organizaciones.
La urgencia de reformas legales
Uno de los temas en que coinciden los activistas son los cambios “urgentes” de algunas leyes que podrían tener más firmeza en el combate a la corrupción y en la prevención de la misma. Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana –AC-, dijo que ya plantearon las primeras acciones. “A través del Ministerio de Finanzas Públicas, se pidió que nos permitieran la participación para fortalecer el sistema Guatecompras y se gestionó ayuda de cooperación internacional”.
Además, trabajan en el plan de recuperación de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, donde se conocieron los distintos planteamientos. Por ejemplo, el diagnóstico que hizo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –Icefi- y con el que se prepara un plan de acción para que se cumpla y monitoree el trabajo del ente recaudador.
En las asambleas se han conocido temas como reformas a la Ley de Contratación del Estado. También se incluye la prohibición para que el Estado contrate a financistas de partidos políticos. Se realizó un Plan de Incidencia para “obligar” al Congreso de la República a que apruebe las reformas necesarias, como las que se han discutido en torno a la Ley Electoral y de Partidos Políticos – LEPP-.
Fernando López, delegado de CIG en las reuniones, asegura que el proceso busca consolidar los grupos y se da respaldo a una serie de iniciativas. “En la última reunión se abordó la reforma a la LEPP y se exigió al Congreso su pronta aprobación”, remarcó.
Además, el movimiento exigió la aplicación de todas las sanciones económicas y la presentación de denuncias penales para aquellas entidades y personas que violen las disposiciones sobre techos de campaña, en referencia al proceso electoral vigente en 2015. En un comunicado conjunto indicaron “la exigencia a los partidos políticos de publicar una lista de donantes en efectivo y especies, como una forma de promover un proceso electoral transparente”.
Cambio de actitudes
José González Campo, vicepresidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción –CGC- , declaró que se espera reducir la corrupción para que se optimice el uso de recursos. “Para ello no hay ideología, por eso se formó esta iniciativa como respuesta a una necesidad de que la sociedad e instituciones reconozcan que es un tema que nos concierne a todos, y debemos de organizarnos y luchar”.
El cambio de cultura a través de la educación y la importancia de la denuncia ciudadana son los pasos a mediano plazo, coinciden los entrevistados. “Esperamos que haya una campaña de educación en el tema”, dijo Ardón.
Temas relacionados a principios y hábitos correctos de la sociedad, serán reforzados y de forma más formal se pretende realizar desde el Ministerio de Educación, con programas apoyados por las empresas con códigos que puedan adoptar en diversos grupos sociales y a través de los medios de comunicación, señala el entrevistado.
El movimiento también conoce iniciativas ciudadanas que han funcionado en otros países, como en Colombia, Brasil y México, en sociedades similares, con problemáticas en común. “Son esfuerzos que han tenido aciertos, incluso en países de Europa del este, por eso los estudiamos”, señaló Ardón.
No es una misión imposible. Se han encontrado fortalezas, dice Marroquín. “Hay que emprender un sistema que garantice transparencia, y para eso se requiere de voluntad política, y el involucramiento de otros sectores”, enfatizó el representante de AC.
Campo aporta que otra tarea es que la movilización social sea efectiva. “Hay que aprender a exigir los cambios y comportamientos requeridos, y eso se logrará mediante un observatorio del uso de recursos públicos, estableciendo un canal de denuncia social y penal efectivo”.
Según el experto, la denuncia no solo es por la vía legal, se trata de una denuncia social, con propuestas concretas, que se encargará de dar seguimiento a cuestiones específicas, explicó. “Lo que se tiene que hacer es querer frenar la descomposición, y esa voluntad no ha existido; hasta ahora que hay un despertar ciudadano, porque la corrupción nos puede hundir y lo puede hacer hasta la muerte”, enfatizó.
La agenda es amplia
La agenda del movimiento plural pretende reforzar la conciencia de que si Guatemala no logra reducir los altos niveles de corrupción, será poco probable salir de los rezagos en los que vive su población.
El tercer reto es hacer un trabajo integral. “Se tiene que trabajar varios aspectos en simultáneo”, dijo Campo. El objetivo es la permanencia, y hay amplitud de las entidades participantes, dejando a un lado las diferencias.
La mecánica que han seguido los involucrados es crear grupos de trabajo que plantearán temáticas relacionadas a su accionar, para hacerse responsables y entregar propuestas que posteriormente serán consensuadas.
“Lo más importante es que nos unamos en lo que vale la pena unirse, no tiene que ver con visiones, es exigir un comportamiento ético. Es la capacidad de diálogo y cooperación lo que permitirá darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer y salir de la problemática”, finalizó Campo.
Estos esfuerzos responden a la pregunta planteada al principio, en el sentido de crear una conciencia ciudadana que inhibe la actitud del soborno en el país y el fortalecimiento de las instituciones del Estado. En síntesis, que la elección del ciudadano sea rechazar la corrupción.