¿Qué impresión le provoca el esfuerzo que el sector privado y Gobierno de Guatemala hacen para atraer inversiones?
Acepté venir al Guatemala Investment Summit porque veo que este país va en la dirección correcta; aquí se hacen esfuerzos conjuntos, sobre todo de Cámara de Industria de Guatemala, por atraer inversiones generadoras de empleo y desarrollo. Considero que han comprendido que los países compiten en su globalidad, en ciudadanía y con equilibrio.
En algunos países de América Latina se cree que todo lo tienen que hacer los Gobiernos y, en otros, que todo lo arregla el mercado; eso no funciona. El esfuerzo tiene que ser integral. Hay políticas públicas que deben ser desarrolladas por los Gobiernos, como prestar seguridad jurídica, dar seguridad ciudadana y la implementación de regulaciones, así como crear el marco jurídico para que opere una sociedad. A su vez, el sector privado no tiene únicamente que hacer inversiones; debe cumplir con las leyes generales, como las tributarias, de medio ambiente, laborales, etcétera. Todo eso va creando un ambiente de negocios atractivo. Por eso vine, porque este esfuerzo hay que apoyarlo y compartir la experiencia de Chile de los últimos años.
¿Son replicables esas experiencias de su país en países como Guatemala?
Más que un cuadro de recomendaciones, debo compartir experiencias de la globalización e integración y, sobre todo, cómo la internacionalización de Chile, a través de la red de acuerdos comerciales firmados, le ha permitido mayor inversión. Cómo esos tratados han ayudado al país a estar inserto en los mercados globales, a competir. Hoy, en Chile tenemos Tratados de Libre Comercio con unos 60 países pero también participamos con inversiones en terceros países.
¿Qué incidencia ha tenido en su país esa apertura comercial?
El 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) lo generan las exportaciones, que suman alrededor de US$74 mil millones. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte del PIB está en los mercados mundiales.
El desarrollo le ha permitido a las empresas chilenas salir de su país. ¿En qué países de la región tienen presencia?
En los últimos años ha habido bastante inversión extranjera en los países de América Latina y las empresas chilenas no se han ido a Europa sino que se han ido a los mercados de Brasil, Colombia y Perú, por ejemplo. Esperamos, en la brevedad, estar en Guatemala.
¿Qué importancia tiene para América Latina, promoverse como bloque?
América Latina cree que puede competir sola; así ya no es posible. Brasil podrá hacerlo porque es el séptimo país del mundo pero el resto no tiene los volúmenes ni las condiciones para competir en un mundo global. Estamos hablando de estructuras de integración de hace 40 años, como Mercosur; el mundo global es otro. Desgraciadamente nuestros países no lo entienden y de ahí la importancia de hacer este tipo de encuentros como el Guatemala Investment Summit, porque permiten atraer al inversionista.
En Chile ha habido continuidad en sus políticas mientras que en la mayoría de países de la región, cada Gobierno hace borrón y cuenta nueva cada cuatro o cinco años. ¿Cuánto incide esa inestabilidad en la atracción de inversiones?
Eso es fatal. En Chile la clave ha sido su continuidad de los últimos 20 años. Nosotros aprendimos la lección, reconocimos que teníamos que unirnos, dejar las peleas y pensar en el futuro. Esto dio estabilidad en las políticas y alcanzar acuerdos para las reformas que se necesitaban en su momento. Debemos reconocer que las grandes reformas no se hacen en cuatro años; en Chile duraron siete años. Un Gobierno no puede llegar y cambiar todo lo que ha hecho su antecesor. Uno debe ser capaz de darle continuidad a los procesos.
¿Cómo afrontar las protestas sociales, muchas veces manipuladas, como sucede en Guatemala?
Chile las vivió y las sigue viviendo; es una realidad. Hace 20 ó 30 años no teníamos una ciudadanía empoderada como hoy. No se conocía acerca del medio ambiente, no había leyes de respeto a los pueblos originarios, tampoco normas que protegían a las comunidades. Es la realidad del mundo en los últimos 30 años. En Chile, en los años 90 no contábamos con legislación ambiental; esta se aprobó en 1993, yo tuve que aplicarla. Hoy, los Gobiernos no pueden decir, esto se hace, esto no. Tiene que decir, señor, usted me cumple con la legislación y, si no, están los tribunales para decidir.
¿Cómo lograr esos consensos?
El Gobierno no puede ser preso de las transnacionales ni de las minorías que se oponen a los proyectos de inversión. Generalmente estos grupos que se oponen son apoyados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) que vienen del extranjero, financiadas por países europeos y que tienen intereses.
En Chile, se construye una central térmica y nadie se enoja, pero si se construye una central hidráulica, todos gritan. Las ONG´s se meten porque tienen intereses. Esas organizaciones no vienen a apoyar a la gente por bolitas de dulce; vienen porque tienen intereses económicos fuertes. Y eso no debemos aceptarlo. Recordemos que los Gobiernos son electos para tomar decisiones de país, apegadas a la ley. En ese sentido, por ejemplo, si hay 200 ó 300 personas que se ven afectadas por una industria, habrá que pagarles su compensación, pues no pueden pararse proyectos que son de beneficio para la mayoría.
Chile también ha sido exitoso en inversiones desarrolladas mediante alianzas públicas privadas. ¿Este modelo puede aplicarse en todos los sectores?
En Chile aprendimos que el Estado no puede hacerlo aunque en muchos países de América Latina no se acepta que se permita al sector privado prestar servicios básicos. En mi país tenemos el aporte de la iniciativa privada en telecomunicaciones, en servicios sanitarios, se han concesionado aeropuertos, hospitales y hasta cárceles. Pero esos servicios que se le permiten a la iniciativa privada están regulados; la ley establece los tarifarios y las empresas no pueden cobrar lo que se le antoje.
Este modelo permite que se atiendan rápidamente muchos problemas de la gente. Los Gobiernos no pueden decirle a la población que espere 20 años para llevarle agua potable, por ejemplo, pero sí le pueden permitir a las empresas que lo hagan, siempre y cuando se ajuste a la legislación. De lo contrario, condenamos al Estado a controlar todos los servicios que, en realidad, no puede lograr.
“América Latina cree que puede competir sola; así ya no es posible. Brasil podrá hacerlo porque es el séptimo país del mundo pero el resto no tiene los volúmenes ni las condiciones para competir”.
El contrabando va más allá de sus repercusiones en el erario público de los países. Tiene profundas consecuencias en la salud de sus habitantes, provoca cierre de puestos de trabajo en muchas empresas formales, aumenta la informalidad y está asociado a bandas criminales. Estos temas fueron abordados durante el foro “Seguridad, eje central del desarrollo regional”, organizado el 13 de junio recién pasado en Guatemala por la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica (Fecaica).
En el encuentro participaron alrededor de 150 empresarios de la región, quienes reiteraron sus preocupaciones por el acelerado aumento del ingreso ilícito de productos que encabezan los cigarrillos, medicamentos, licores, combustibles, llantas, jabones, cereales, huevos, electrodomésticos y calzado, entre muchos más.
“Este es un esfuerzo que hacemos para visibilizar la relación entre inseguridad, delincuencia, contrabando y evasión fiscal en nuestra región”, señaló Carlos Enrique Rivera, secretario general de la Fecaica.
A su vez, el vicepresidente de Cámara de Industria de Guatemala, Fernando López, precisó con cifras el mercado de productos ilícitos. Por ejemplo, citó que el 10 por ciento de las bebidas carbonatadas que se consumen en el país ingresan de contrabando y el 18 por ciento de cigarrillos.
Abraham Bennaton, presidente de la Fecaica, instó a los Gobiernos a emprender acciones y políticas más integrales y drásticas contra este delito. El daño es enorme, en la salud, en el fisco y en las empresas formales, etcétera, explicó.
Un problema complejo
Aunque pareciera ser un problema simple, en el fondo es complicado. Según el panameño, Nino Vaprio, graduado en ciencias militares y responsable de la seguridad en el Canal de Panamá, el problema debe ser abordado de manera integral por todos los países de la región. Además, consideró que los Gobiernos deben aprobar condenas más severas contra los contrabandistas.
Sólo en Guatemala y según autoridades fiscales, a 2009 el fisco dejaba de percibir alrededor de Q6 mil millones en impuestos, debido al contrabando. Sólo en cigarrillos se estima que en el país se consume el 30 por ciento de producto ilegal. De Belice ingresan alrededor de mil contenedores con cigarrillos que luego se comercializan en toda Centroamérica. Por Panamá también ingresan 450 contenedores, expuso Vaprio.
¿Cómo afrontar el problema? El británico Terry Hobbs, especialista en seguridad, reiteró que las políticas deben ser integrales pues este problema no puede ser afrontado sólo por uno o dos países; tienen que implementarse políticas conjuntas entre empresarios y Gobiernos. “Debe haber sinergia entre el sector público y privado”, manifestó.