No ha mejorado la salud, mucho menos la educación, tampoco la seguridad se percibe mejor y, en definitiva, estamos como en 2011, pero más quemados, desilusionados, cansados y desgastados.
Diciembre puso punto final a 2012, un año que comenzó con altas expectativas, algo que suele suceder al comienzo de cada Gobierno. Sin embargo, el alegrón de burro duró poco y enseguida comenzaron los cuestionamientos.
Hay que recordar el debate sobre el funcionamiento y la gestión del Ministerio de Salud que llevó a la dimisión de su ministro; la asignación discutida de los fertilizantes y las acusaciones de favorecer a allegados y/o cobrar por la distribución; la compra de medicamentos, algo nada nuevo pero que pareciera que hay resistencia a solucionarlo; las diversas denuncias a FONAPAZ, donde su director hace y deshace sin que nadie tome decisiones para que deje de mangonear fondos públicos; la compra por el director del Diario de Centroamérica de vasos para café que pagó con dinero público y que posteriormente tuvo que devolver, aunque no se le sancionó por el descaro (o la ilegalidad); la actitud del diputado oficialista Galdámez, denunciado por intento de soborno a un periodista, sin que la dirigencia del partido dijera esta boca es mía, antes bien, lo mantiene en sus filas; la crisis en la Municipalidad de la Antigua, cuyo alcalde fue acusado de malversación de fondos y, por presión mediática, expulsado del partido; la aprobación de diversas leyes como la fiscal y presupuestaria, sin mediar un minuto de debate y diálogo; la discusión y aprobación de la reforma educativa que ocasionó violencia y encierros de menores muy mal manejados; el empecinamiento con la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, que más pareciera ser pago a algún silencio de grupos bochincheros que obedecer a una necesidad nacional real, etcétera.
Tuvo el Gobierno que lidiar en otros frentes de conflictividad natural o creada como la marcha de campesinos desde Alta Verapaz para reclamar reformas al sector agrícola; el establecimiento de destacamentos militares en lugares donde la “población” dice no quererlos; los sucesos provocados y manejados por grupos de interés en Barillas, Huehuetenango, que pusieron en jaque a las autoridades por inacción y falta de reacción adecuada y que dejaron muertos, secuestrados, torturados y detenidos; los disturbios en Totonicapán, cuya falta de tacto y contundencia terminaron por provocar muertos en una situación poco o nada clara y sin mucha voluntad de esclarecerse; los secuestros de funcionarios en San Marcos, sin que haya mediado detención de personajes que hacen del crimen su mejor baza de negociación; el terremoto posterior que dejó semidestruidas algunas localidades y decenas de conflictos en minería, en hidroeléctricas y zonas de cultivo de palma africana, entre otros.
Todo un panorama desolador que deja un saldo poco claro y menos consolador sobre aquel Gobierno de la “esperanza II” que no satisfizo muchas de las expectativas puestas en él. Al final, el ciudadano piensa –y lo hace correctamente– que esto no es más de lo mismo. No ha habido un solo gesto efectivo de lidiar contra la corrupción, contra los grupos de poder, ni contra el gasto desmedido e inútil del sector público. El Congreso, liderado por la mayoría del partido oficial, sigue gastando lo mismo o más; las alcaldías del partido en el poder son exactamente igual de ineficientes y corruptas que antaño y, en general, el ejercicio político no ha cambiado más que para perfeccionar la rapiña en un Estado patrimonialista que, por ahora, nadie está dispuesto a cambiar, a pesar de que digan lo contrario.
Muchos, por eso de que la esperanza es lo último que se pierde, hacen sus votos y buenos propósitos para 2013, aunque creo que lejos de ser pesimista y siendo muy realista, será igual o peor. O tomamos el país en nuestras manos como ciudadanos responsables o quien venga –sea quien sea– querrá depredarlo, que es el único modelo de gestión pública que saben hacer. Feliz Año Nuevo y que los turrones no enturbien el razonamiento.