La reducción de asesinatos de la cual se habla en el serio informe de Mendoza es atribuible a un efecto péndulo de los niveles de crimen y no tiene que ver con la capacidad de control de la criminalidad por parte del Estado.
Por: Miguel Gutiérrez
l 29 de octubre, el Gobierno reportó una reducción de asesinatos para el 2010, dato que se corrobora en un estudio de el doctor Carlos Mendoza, miembro de Central American Business Intelligence (CABI). La noticia fue Primera plana de El Periódico.
A la luz del estudio de Mendoza, es importante contextualizar los datos y analizar el significado de esa cifra. La reducción de asesinatos no significa que el Estado de Guatemala tenga algún nivel de control de la criminalidad ya que el Gobierno no cuenta con una política articulada de control del crimen, ni tiene una articulación institucional para hacerle frente a este problema, ni siquiera cuenta con una estrategia para mitigar este mal.
Una estrategia seria de combate al crimen debe considerar las distintas facetas del fenómeno criminal: Condiciones de vida, oportunidades económicas, percepción ciudadana y presencia del Estado en la sociedad.
Por ello, una política anti crimen y de seguridad debe de contar con una política de prevención, la cual parte de la educación infantil y el otorgamiento de oportunidades a los infantes y adolescentes, focalizados en las áreas de riesgo. Un ejemplo de este tipo de políticas es Japón, donde en su programa de prevención participa directamente el Primer Ministro, así como los Ministerios de Salud, Educación, Economía y Hacienda, para la configuración de la política de seguridad, convirtiéndose en un compromiso de Estado.
En segundo lugar, el Estado debe contar con una política de protección ciudadana para que las personas no sean agredidas; se necesita de elementos de despliegue, cobertura, dotación de servicios, confiabilidad ciudadana en la policía, respuesta ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. La política de protección ciudadana cuenta con tres elementos básicos: a. Política de represión del crimen (con mapas delincuenciales, priorización y catálogo de delitos, entre otros) b. Inteligencia civil de la policía; c. Política de rehabilitación (de nuevo Japón nos da una lección al contar con 98 por ciento de reinserción social, lo que se le llama una política de “salvataje de almas”). Una tercera debe ser la política anti crimen, la cual es la estrategia de Estado que tiende a hacer eficaz, funcional y operativo todo el sistema de represión de la criminalidad (Policía, Ministerio Público, Organismo Judicial y sistema penitenciario), jugando roles independientes pero complementarios.
En Guatemala el círculo vicioso del crimen no se ha quebrado. Se necesita mucho dinero, mucha capacitación y mucho compromiso político del Ejecutivo. La única luz en materia de seguridad que brilló en los últimos años fue el Acuerdo Nacional de Seguridad, ya que contiene la implementación de una política de seguridad a pesar del desorden en que se planteó.
La política de seguridad es una mesa de las tres patas mencionadas; si falta una no puede sostenerse. En Guatemala no se cuenta ni siquiera una sola. Así que la reducción de asesinatos de la cual se habla en el serio informe de Mendoza es atribuible a un efecto péndulo de los niveles de crimen y no tiene que ver con la capacidad de control de la criminalidad por parte del Estado. Por eso, hoy más que nunca urgen acuerdos políticos para alcanzar una verdadera política estatal, un acuerdo con sociedad civil y sector privado.
En Guatemala el círculo vicioso del crimen no se ha quebrado. Se necesita dinero, capacitación y compromiso político del Ejecutivo.