No sé si seguir hablando de esto tiene sentido. Tengo la esperanza de que un día efectivamente los valores y los principios elementales de un correcto comportamiento se hagan presentes en esos servidores públicos.
No sé si todavía es útil y tiene sentido seguir hablando del Congreso y de los congresistas y, más particularmente, del comportamiento deshonorable de estos últimos. Tiempo atrás ya se pudo observar a presidentes de ese organismo, juzgados y condenados por desvío de fondos; a diputados que denunciaban que las obras que se repartían tenían un fin clientelar; otros que evidenciaban la compra de sus pares en ciertas votaciones o momentos claves. Uno más, con su nombre y apellidos (Galdámez) que intentó sobornar a un periodista y un sin fin que callan y otorgan o les faltan pantalones para enfrentar a sus colegas.
He llegado a la conclusión, a pesar de tener ahí a personas conocidas y apreciadas, que todos son iguales y que las fiscalizaciones que les exige la Constitución son tanto externas como internas, aunque estas últimas, por cuestiones ya comentadas e imaginadas, se quedan en el baúl de los recuerdos o en el olvido.
Esta degeneración del Legislativo no es nada nuevo, más bien algo anunciado desde hace tiempo por determinados intelectuales entre los que destaca Friedrich Hayek. En su obra “Derecho, Legislación y Libertad”, en el capítulo XIII, aborda el análisis del parlamento de su época, en el que ya se veían “mañas” muy parecidas, aunque menos perfeccionadas que las que ahora se contemplan.
El Legislativo, anota al autor, se hizo para legislar y en su seno debería discutirse precisamente las leyes y las normas. Sin embargo el hecho de que esos Congresos terminen ocupándose de cosas particulares ha hecho perder el sentido principal de los mismos y, peor aún, ha terminado por viciar el actuar de los diputados.
El congresista (parlamentario) es sabedor de que necesita de los votos de su circunscripción para ser electo. Por tanto, se dedica fundamentalmente a satisfacer los intereses de quienes pueden atraerle votos. Es de esa forma que lleva a la asamblea legislativa intereses particulares –que presenta como generales– y que pueden (y de hecho eso es lo que persigue) ser aprobados como normas (leyes) de interés general y sujetas a obediencia por todos. Así se cierra el círculo vicioso del comportamiento de estos “padres de la patria”.
Sus miembros, continua Hayek, “no se interesan por las cuestiones teóricas del derecho, y prefieren dejar que los abogados desarrollen normas y procedimientos”. Finalmente, no surgen leyes, sino decretos administrativos que, lejos de la generalidad, legalizan privilegios sectoriales: subsidios a buses, fertilizantes al campo, donaciones a ONGs, etcétera. Es preciso cambiar el modelo, algo imposible de hacer desde las instituciones ni mucho menos desde la promoción de valores que terminan perdiéndose o difuminándose al integrarse en tan peculiar colectivo. Es necesario que el votante se torne “ciudadano de tiempo completo” con la capacidad, pero sobre todo con el empeño y con el deseo de fiscalizar la labor del político, pero también de exigirle la necesaria transparencia en el gasto público y el ejercicio de la gestión administrativa pública dentro de un marco de valores y de respeto al individuo y sus derechos.
Esto de que todo es negociable no puede ser el horizonte de una transición política. Hay que tomar el poder por las manos de sus titulares: los ciudadanos y, delegarlo, no sólo guardando las formas democráticas, sino también exigiendo el compartimiento esperado de personas a quienes se les ha encargado funciones sustanciales para la vida social y personal.
No sé si seguir hablando de esto tiene sentido. Tengo la esperanza de que un día efectivamente los valores y los principios elementales de un correcto comportamiento se hagan presentes en esos servidores públicos. De momento, esto tardará y es hora de que el ciudadano honesto, quien paga los salarios de ese grupo de desarropados, les haga ver quien es realmente aquel que ostenta el poder, cómo lo ha delegado y el derecho que tiene de exigir la transparencia suficiente en el actuar político. Hay que ser, en definitiva, ciudadanos de tiempo completo.